El delegado del Gobierno apela a descubrir y contar las vivencias de mujeres, negadas por la historia como luchadoras y víctimas
El delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha apelado hoy a la necesidad de acometer la recuperación de la memoria democrática «con una perspectiva de género», algo en lo que el Gobierno andaluz, según ha subrayado, “está firmemente comprometido”. En un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), José Luis Ruiz Espejo ha confirmado la apuesta de la Junta respecto a la visibilización de la figura femenina, para lo que aclara “debemos descubrir y contar las vivencias de mujeres, que han sido negadas por la historia como luchadoras y víctimas”.
Al respecto, José Luis Ruiz Espejo se ha referido a las mujeres intelectuales, trabajadoras, activistas, entre otras muchas “que sufrieron la represión por el mero hecho de ser esposas, madres, hijas o hermanas de combatientes, o personas vinculadas a los movimientos políticos y sindicales”. Ellas, ha continuado diciendo “no sólo fueron represaliadas, perseguidas, y vejadas, sino que vieron como retrocedían los derechos adquiridos en la II República”.
El responsable del Gobierno andaluz en Málaga ha recordado que Andalucía dispone de una ley pionera “que ha removido en la búsqueda de las pequeñas grandes historias de estas mujeres”. La Ley de Memoria Histórica y Democrática, ha informado, en su artículo 20, establece el deber de investigar, poniendo especial énfasis en aquellos casos que tienen a la mujer como protagonista, “con el convencimiento de que cada vez que damos un paso en el sentido de la recuperación y de la reparación de la memoria, estamos devolviendo dignidad y fuerza a nuestra historia”.
El acto, desarrollado en la sede de Turismo Andaluz, ha contado con la presencia de las delegadas territoriales de Igualdad y de Cultura, Ana Isabel González y Monsalud Bautista, respectivamente, así como con la coordinadora provincial del IAM, Mari Carmen Moreno, quien en su intervención ha hecho un llamamiento a “reparar el daño de una historia desmemoriada de 40 años de Régimen, que al ser transmitida fundamentalmente por voces masculinas, ha relegado el papel de una mujer, que fue víctima de la represión de género, con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer”.
El encuentro, que se ha iniciado con la inauguración de la exposición ‘Mujer y Memoria Histórica’ del escultor Andrés Montesanto, ha contado también con diversas ponencias, que han estado a cargo de la delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista, referente al papel de las mujeres como transmisoras de la educación y la cultura durante la guerra y la represión franquista; el presidente de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica, José Sánchez Gallardo, sobre el papel de la mujer y su situación durante la república, la guerra civil y la represión franquista; y la profesora de Historia, María Isabel Brenes Sánchez, quien a pesar de disculpar su asistencia, ha reflejado con un material audiovisual su trabajo sobre la situación que vivieron las mujeres en la huida de la Carretera de Almería, en febrero de 1937.
En este contexto el delegado del Gobierno ha afirmado que la Junta de Andalucía “sostendrá esta línea de trabajo, no solo para impulsarla, sino también para liderar, como administración, las tareas que remuevan los obstáculos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. Para ello, el presupuesto destinado a la Memoria Democrática este año ha aumentado un 154 por ciento, lo que ha supuesto el incremento de subvenciones y la incorporación de nuevas iniciativas. En este punto, Ruiz Espejo ha mencionado el acuerdo firmado esta semana entre la Junta y la Universidad de Granada para la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, “complementando así con un plan de trabajo y los recursos necesarios el convenio firmado en 2016”, que permitió la puesta en marcha del Banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, situando a Andalucía entre las 4 comunidades españolas que disponen de este recurso, junto a Cataluña, País Vasco y Navarra.
