(Podemos) La provincia es la cuarta del Estado donde más cara está la renta mensual. Las familias destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la mensualidad
• La formación critica que la reforma de 2017 de PP, PSOE y Ciudadanos deja a la mayoría de los malagueños sin el bono social energético

Podemos, a través del diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados, Alberto Montero, ha destacado que una de las condiciones para negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado será la regulación de los precios de los alquileres. En este sentido el diputado ha destacado que el aumento desorbitado de los precios de estas rentas en los últimos años ha tenido como consecuencia que “en Málaga se esté produciendo una expulsión de familias del ámbito del alquiler que tras la explosión de la burbuja inmobiliaria no podían hacer frente a una hipoteca y se refugiaron en el alquiler”, lo que crea un problema social importante de vulnerabilidad social. Además, ha resaltado que las familias de la provincia destinan más del 40% de sus ingresos mensuales a pagar estas rentas, “cuando los organismos internacionales que se dedican a los temas de vivienda estiman que este porcentaje debería ser como mucho del 30%”.

Por otra parte, el diputado también ha criticado el alto número de desahucios que se producen en familias que vivían de alquiler en la provincia. En concreto, ha recordado que en el último año ha habido casi 1.600 desalojos por no pagar esta renta, y que este número va en aumento en los últimos años, algo en consonancia con el auge de la morosidad del alquiler motivada por la subida de los precios, que ha convertido a Málaga en la cuarta provincia más cara del Estado. Además, desde Podemos también se pretende que el “alquiler se convierta en una forma estable de vivir”, algo para que lo que se propone que el período automático de renovación de contrato vuelva a ser de cinco años.

Igualmente, Montero se ha congratulado de que la presión de los jubilados en la calle haya conseguido llevar a un principio de acuerdo en la Mesa del Pacto de Toledo otra de las reivindicaciones de Podemos para la negociación de los PGE, la revalorización de las pensiones con el IPC real. También, otro tema que ha destacado el diputado en Málaga ha sido el de los autónomos, que ascienden a más de 117.000 en la provincia. Por una parte, Podemos ha pedido “reducir la cuota para los autónomos que menor volumen de ingresos tiene, ya que hay muchos que no llegan a la base de cotización de 930 euros y lo que tienen que pagar les supone una parte de sus ingresos”, ha explicado Montero, para conseguir avanzar en que se pague por sus ingresos reales; y también ha destacado la lucha contra los falsos autónomos.

El aumento de la factura de la luz ha sido otro de los temas que ha motivado que Podemos presente estas propuestas. Así, desde la formación morada, como ha explicado Alejandro Serrato, el coordinador provincial de la formación en Málaga, ha destacado la petición para que se cree una factura asequible para las primeras residencias y la mejora del bono social para las familias más vulnerables. En este sentido, Serrato ha destacado que la reforma de esta ayuda de 2017, aprobada por PP, PSOE y Ciudadanos, ha hecho que en la actualidad muchos andaluces y malagueños hayan perdido el derecho a la cobertura. En concreto, ha destacado que, en la provincia, de los más de 97.000 solicitantes del bono, sólo se le han concedido a 19.504 en esta renovación.

Otras de las propuestas sociales y económicas de Podemos plasmadas en el documento Presupuestos con la gente dentro, para negociar los futuros Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Sánchez, son el aumento del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 2019 y la derogación de las dos últimas reformas laborales; caminar hacia una ley de dependencia digna; una universidad pública para todos y todas; luchar contra la desigualdad entre hombre y mujeres en la crianza y facilitar la maternidad y la paternidad; reforzar las luchas contra las violencias machistas; derogar las leyes mordaza y eliminar los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona; acabar con los privilegios fiscales de los poderosos; un plan de choque para revertir los recortes en ciencia e I+D+i; endurecer el régimen de incompatibilidades contra las “puertas giratorias”; revertir el abandono del medio rural; rescatar y proteger nuestra cultura; y proteger a la ciudadanía contra las casas de apuestas y la ludopatía.

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