(APM) Reconoce así su defensa durante 113 años de la “profesión periodística y de la libertad de expresión, fundamental para el desarrollo del pluralismo político”

La Subdelegación del Gobierno ha concedido a la Asociación de la Prensa de Málaga el Premio Caleta a la Libertad de Expresión en el acto celebrado hoy en su sede para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución española. Con este premio reconoce la labor que el colectivo profesional ha realizado en sus 113 años de existencia en “defensa de la profesión periodística y de la libertad de expresión, fundamental para el desarrollo del pluralismo político”.

Rafael Salas Gallego, presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, ha destacado tras recoger el galardón la contribución de los profesionales de la Comunicación a la consolidación de la Democracia y su papel destacado en la Transición española. La Asociación de la Prensa de Málaga es la segunda más antigua del país, después de la Madrid. Se constituyó el 25 de julio de 1905 y es también el colectivo más antiguo que ha existido de forma ininterrumpida, si exceptuamos el parón que supuso la Guerra Civil.

La segunda edición de los Premios Caleta se han inspirado este año en los valores superiores que propugna el artículo primero de la Constitución. Los otros galardonados han sido la Asociación Mujer Emancipada; la Asociación contra el Silencio y el Olvido y para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga; y los Equipos de Atención Humanitaria a Inmigrantes de Cruz Roja. Se han concedido, además, sendas menciones a dos departamentos de la Administración General del Estado en la provincia: el Centro Meteorológico de Málaga (perteneciente a la Aemet) y el Servicio de Informática de la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha subrayado la transformación que ha sufrido la sociedad española en estos 40 años y la importancia de la Carta Magna. Tanto ella como la ponente del acto, la diputada socialista María Izquierdo, una de las 21 mujeres que formaban parte del Congreso en 1978 cuando se firmó la Constitución, han destacado la necesidad de un amplio consenso político “con altura de miras” para acometer la reforma de la Ley Fundamental española.

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