La Unidad de Policía Adscrita ha cerrado las oficinas de la capital y de Estepona, tras una serie de incumplimientos relacionados con su actividad de juego sin autorización administrativa

El Área de Juegos y Espectáculos Públicos de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía ha clausurado las dos sedes que la OID (Organización Impulsora de Discapacitados) tiene en la provincia de Málaga, concretamente en la capital y Estepona, en una actuación que se ha llevado a cabo en coordinación y colaboración entre la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y la Consejería de Hacienda.

Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego sin autorización administrativa y bajo la firme determinación del Gobierno andaluz para erradicar todas las organizaciones dedicadas al juego ilegal. En ese sentido, semanas atrás se llevó a cabo una operación similar en la provincia de Cádiz, donde se clausuraron las cuatro sedes de la OID en Cadiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y Chiclana.

Así, la multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros y es competencia de la Dirección General de Tributos, Financiación y Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.

Lo que ha motivado el cierre de las dos sedes de la OID ha sido la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Pese a la cantidad de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita en estos últimos años, que en la provincia de Málaga asciende a más de medio millón, los responsables mantenían esta actividad ilícita.

En este sentido, la Junta de Andalucía ha actuado de acuerdo a una resolución andministrativa. La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados. Sin embargo, dentro de los informes de la Unidad de Policía Adscrita, se constata que la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados.

Además, cabe recordar que la OID tiene ámbito nacional y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La organización no ha hecho frente a las numerosas sanciones impuestas desde la Junta de Andalucía por el desarrollo de un juego sin autorización administrativa en los últimos años, dada además su situación de impagos a los acreedores.

Desde que comenzó la legislatura, la Junta de Andalucía ha potenciado, a través de las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y la de Hacienda, a través de la intervención de la Unidad de Policía Adscrita, la persecución a estas organizaciones que se lucran con el juego ilegal. Así, desde hace un año se han intervenido cerca de 500.000 boletos ilegales en distintas operaciones alrededor de la comunidad autónoma.

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