La Consejería que dirige Juan Marín aplica por primera vez el nuevo Reglamento que ha permitido adelantar los pagos

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha abonado 1,47 millones de euros a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Málaga en concepto de prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en la provincia en el segundo trimestre de este año. El pago se ha hecho aplicando por primera vez el nuevo Reglamento, aprobado a finales de julio por el Consejo de Gobierno, lo que ha permitido agilizar y recortar los plazos.

Así, la Consejería que dirige Juan Marín ha podido abonar un primer pago con el que se saldan las certificaciones correspondientes tanto al turno de oficio como al de guardias realizados durante el segundo trimestre del año y que cumplen con todos los requisitos necesarios. En un segundo pago, por tanto, quedan todas aquellas que por algún motivo presentan errores o les falta alguna documentación y que deben ser corregidas y remitidas de nuevo a la Consejería para su subsanación.

De esta forma, en esta primera tanda se han transferido a los colegios profesionales de toda Andalucía 6.408.993,30 euros. Una vez que el resto de certificaciones sean acreditadas correctamente, se procederá a su abono.

En concreto, del casi millón y medio que corresponde a Málaga, la mayor parte -1,37 millones de euros- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados. Así, por el turno de oficio los letrados recibirán algo más de un  millón de euros y 361.995 euros por el turno de guardia. Por su parte, a los procuradores malagueños les corresponden 96.280,90 euros por el turno de oficio.

La delegada territorial de Justicia en Málaga, Nuria Rodríguez, ha destacado que “con esta reforma del Reglamento de Justicia Gratuita una vez más demostramos que cumplimos nuestras promesas”. “Teníamos un compromiso con abogados y procuradores, que era recortar los tiempos de pago, evitar las demoras que desde hace años venían sufriendo, y lo hemos hecho”, ha añadido.

“La reforma acometida desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación ha permitido que se pueda fraccionar el pago, pues antes solo se permitía hacer un único pago. Así, los profesionales que entregan sus certificaciones de forma correcta no tienen que esperar a que todos subsanen errores para poder cobrar”, ha detallado Rodríguez.

“El estado de alarma ha demorado la tramitación del Reglamento algunos meses, pero creo que llega en un buen momento porque hay abogados y procuradores que se están viendo muy afectados por la crisis que está provocando el coronavirus y han visto sus ingresos mermados”, ha apuntado la delegada territorial.

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