Un informe elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Universidad de Málaga sitúa el impacto económico del sector en 3.905 millones
Las políticas sociales implantadas en Andalucía para atender a los más vulnerables y romper las desigualdades sociales son además un potente motor económico para la comunidad. Así se desprende de un informe elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Universidad de Málaga, que concluye, según ha destacado la consejera Rocío Ruiz, que el valor de los servicios sociales durante 2020 ascendió a 3.905 millones de euros, el 2,5% del PIB andaluz. Y sus más de 105.000 puestos de trabajo implicados suponen ya el 3,6% de los empleos totales de la comunidad.
“Las partidas sociales no son un simple gasto, sino un potente elemento generador de empleo con un impacto en la economía andaluza superior al de sectores como las telecomunicaciones o las energías renovables”, ha subrayado Ruiz durante la presentación del informe, que surge por el afán de la Consejería de “avalar con rigor científico y conocimiento empírico las decisiones en materia de servicios sociales para lograr una más justa distribución de recursos”. Para ello, se ha contado con el equipo de trabajo de la Universidad de Málaga encabezado por Joaquín Aurioles, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico.
El informe retrata un sistema de servicios sociales en Andalucía conformado en su mayoría por agentes públicos, con la Consejería de Igualdad como núcleo principal, y un abanico de agentes privados que van desde empresas a entidades sin ánimo de lucro. Todos ellos ofrecen sus servicios en un mercado muy particular, caracterizado, dice el estudio, por la incapacidad de los demandantes a adquirir en el mercado libre los servicios básicos necesarios para vivir con dignidad. De ahí que se trate de servicios gratuitos o a coste reducido para esos demandantes.
“Esta labor silenciosa de las decenas de miles de personas que se dedican a cuidarnos ya estaba ahí, pero es con este informe cuando sale a la luz la dimensión real que tiene”, ha enfatizado Rocío Ruiz, “es ahora cuando podemos hablar con propiedad de la economía de los cuidados como un ámbito de crecimiento, de creación de empleo y de riqueza”. “Y que, como ha constatado la propia Comisión Europea con los Fondos Next Generation, tiene ante sí un ingente campo de desarrollo y crecimiento”, ha añadido.
Función dinamizadora de las inversiones públicas
En 2020, el valor de los servicios sociales en Andalucía ascendió a 3.905 millones de euros, lo que supone el 2.5% del PIB andaluz. De ellos, 2.501 millones correspondieron a la parte pública, con la Consejería de Igualdad como pilar central en torno a cual se organiza el conjunto del sistema de servicios sociales, destaca la Universidad de Málaga.
En este sentido, el estudio pone de relieve la potente función dinamizadora de iniciativas de carácter social que ejerce la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad. De tal forma que los 2.225,7 millones de euros movilizados por la Consejería durante 2020, la mayor inversión hasta ese momento para protección social en la comunidad, sirvieron para poner en marcha otros 1.679,3 millones de euros adicionales por parte del resto de entidades del sistema de servicios sociales. “Por cada 100 euros destinados a políticas sociales, se genera en Andalucía un volumen de actividad económica 127,4 euros”, ha destacado Ruiz.
“Los datos señalan que no hablamos simplemente de pagar una plaza o dar una subvención, cada vez que ponemos en marcha un proyecto generamos un movimiento alrededor que significa el mantenimiento de empleos directos e indirectos en sectores colaterales como los servicios, la construcción o la agricultura”, ha añadido Ruiz. Además, ha puesto en valor la capacidad que tienen las políticas sociales para fijar la población al territorio. “Son trabajadores que se quedan a vivir en sus localidades de origen, que establecen sus proyectos de vida y rejuvenecen entornos tradicionalmente envejecidos”.
La consejera ha resaltado que estos datos demuestran que “la importancia de las Políticas Sociales, va mucho más allá de nosotros mismos, de las coyunturas políticas o de cuestiones programáticas, ya que atender a nuestros mayores o personas con discapacidad en residencias dignas, modernas y con las mejores condiciones no es cuestión de ideología, como tampoco lo son la atención a las víctimas de violencia de género, abrir horizontes de futuro para los menores que más difícil lo han tenido, otorgar a las familias vulnerables la posibilidad de tener un proyecto de vida a través de la inserción social y laboral u ofrecer una segunda oportunidad a nuestros niños y niñas que abandonaron su educación y recuperar así el enorme talento dormido que hay en nuestra comunidad”.
Un 3,6% de empleos, asalariados y vinculados al sector privado
El funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales en Andalucía se consigue gracias a los 105.295 puestos de trabajo que incorpora, y que representan el 3.6% del total de la economía andaluza. El informe de la Universidad de Málaga desgrana que los servicios sociales son una actividad intensiva, dado que su peso relativo en la economía andaluza en términos de empleo es un punto mayor que en la producción. Y que dado que el volumen de empresas implicadas es relativamente reducido en comparación con otros sectores, la mayor parte del valor añadido generado se destina a la remuneración de los trabajadores, en su mayor parte asalariados.
Por otro lado, aunque la mayor parte de los recursos movilizados provienen del sector público, la mayoría de los empleos se vinculan al sector privado (el 65,2%), dato que refleja la relación de complementariedad y equilibro entre ambos actores publico y privado. El grueso del empleo directo se genera en el propio sector de los servicios sociales (el 66% del total), pero también en actividades de comercio mayorista y minorista, administraciones públicas, otros servicios y otras actividades.
En el caso del empleo indirecto, los puestos de trabajo se concentran en actividades administrativas y servicios auxiliares; comercio mayorista y minorista y actividades profesionales, científicas y técnicas, sectores que agrupan el 56% del total. Destaca además la escasa presencia de trabajadores autónomos en los servicios sociales frente a los asalariados, que suponen el 91,7% de los empleos directos y el 85,9% de los indirectos.
“Estos datos demuestran la necesidad de que el sector público y la iniciativa privada trabajemos de la mano, como ya estamos haciendo desde esta Consejería, y en perfecta sintonía con el objetivo de lograr un tercer sector bien estructurado, serio, riguroso y profesional para aprovechar al máximo los recursos que pone a su alcance la administración pública”, ha señalado la consejera.
