(Izquirda Unida) Afectadas y Afectados de los expedientes de reintegro de la Agencia Idea han pedido a otros autónomos en su misma situación que no tengan miedo y se hagan visibles para no seguir sumiendo su vida profesional y personal en la ruina.
El grupo provincial de Izquierda Unida lleva para su aprobación al pleno de mañana martes una moción de apoyo a estas personas, reclamando a la Junta de Andalucía que revise la actuación de la agencia Idea en la gestión de las ayudas a los autónomos (se adjunta moción).
Entre 2007 y 2013, la Junta de Andalucía creó el llamado “Ticket Autónomo” así como un gran número de ayudas para el colectivo de autónomos y el emprendimiento desde distintas consejerías y cámaras de comercio, asociaciones de empresas, ayuntamientos, pero todas tenían en común que sus fondos se gestionaban desde la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) .
Sin embargo, ha explicado el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, comenzaron a reclamar el reintegro que ha supuesto la apertura de 2.573 expedientes de devolución, más intereses de demora, de los que cerca de 1.200 están en proceso de reclamación de deuda.
Eran ayudas que se justificaban por la situación económica del país y, añade Ahumada, que delegaba en los trabajadores la creación de empleo en lugar de hacerlo la institución. Así, emprendedores y autónomos abrieron negocios confiados en tener una salida laboral.”Están arruinando la vida de estas personas, la mayoría mujeres”, dice el portavoz de IU, que acusa a la presidenta del Gobierno Andaluz, Susana Díaz, de demostrar así cuál es su política de empleo.
Ana Martín, representante del colectivo afectado, asegura que las afectadas están sufriendo embargos y desahucios y que en la Junta de Andalucía no dan explicaciones y los sucesivos consejeros de Empleo se niegan a atenderlos.
Un año más se reclama lo que la Junta debe a los ayuntamientos
El grupo provincial de Diputación presenta también al pleno de mañana una moción para reclamar a la Junta de Andalucía el cumplimiento del pago a los ayuntamientos de la conocida como Patrica, así como la que la coalición denomina Deuda Histórica con los consistorios de 780 millones de euros hasta 2019.
La participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, conocida como Patrica, es obligatoria por ley desde 2011, y comenzó con una aportación inicial de 420 millones de euros. Esta fue incrementándose cada año con unos 60 millones anuales hasta que en 2014 alcanzara los 600 millones de euros. Fueron congelados en 2012 a causa de la crisis.
Haciendo cuentas, explicó Ahumada, el gobierno socialista adeuda a los malagueños y malagueñas más de 135 millones de euros, que en el caso de Andalucía asciende a 780 millones.“Susana Díaz ha convertido a la administración andaluza en una agencia de marketing con la que quiere hacer ver una Andalucía de progreso, avance, igualdad que nada tiene que ver con la real; la que sufrimos todas y todos, de retroceso, precariedad y desigualdad. Mientras esto ocurre, deja sin transferir a los municipios lo que por Ley le pertenece”. Estos fondos se invierten tanto en obras como en gasto corriente, es decir, planes de empleo, arreglo de calles, etc. “No se trata de un ingreso extraordinario no previsto, añadió Ahumada, sino ingresos por financiación directa recogidos en la Ley 6/2011 de 11 de junio. Es decir, ingresos estructurales que no tienen efecto sobre la regla de gastos”.
MOCIÓN URGENTE PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN PLENO
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2010 DE 11 DE JUNIO DE PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Para la Gente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3. y 104, en relación con el 74.g, del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción para su debate y votación en Pleno.
Exposición de motivos:
Los Ayuntamientos son Estado, tan estado como el Gobierno Central o los Gobiernos Autonómicos, con la particularidad de ser la administración más cercana a los problemas de la ciudadanía. Los ayuntamientos andaluces fueron imprescindibles para conseguir el Estatuto de Autonomía para Andalucía, un Estatuto de primera, que reconocía a Andalucía como nacionalidad histórica y con las máximas competencias estatutarias. Las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 no se entienden sin conocer la implicación, lucha y defensa que los ayuntamientos andaluces hicieron de Andalucía y los andaluces y andaluzas.
En el Estatuto de Andalucía los ayuntamientos están contemplados como lo que son, parte del Estado, y recoge en su artículo 192.1 que “una ley que regulará la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.”
A pesar de esto, no es hasta el año 2011, que ve la luz la Ley 6/2011, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y dando un paso importante en la autonomía local de nuestra tierra.
Dicha ley en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.
Igualmente en su Artículo 4 para la dotación del fondo establece lo siguiente:
“1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 de euros.
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.”
Sin embargo, la realidad es que desde su aprobación, hace ya 8 años, el fondo inicial de 420 millones de euros sólo subió en 60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado.
El gobierno del partido socialista, el gobierno de Susana Díaz, lleva años incumpliendo su propia ley y regateando dinero a millones de andaluces y andaluzas. Un dinero destinado no sólo a los servicios públicos de su competencia directa, que son claramente insuficientes, sino también a los servicios públicos que deben prestar las administraciones locales que ven limitada su capacidad de acción.
Los Ayuntamientos andaluces, una vez más, están financiando al gobierno del Partido Socialista en la Administración Autonómica al no recibir lo que por ley les corresponde. El equipo de Susana Díaz acapara los fondos de los Ayuntamientos suponiendo un perjuicio claro a las arcas municipales: la pérdida por el incumplimiento reiterado de esta ley se eleva a un total de 660 millones para este año 2018 y se convertiría en 780 millones en caso de contar con un proyecto de presupuestos para el año 2019.
Este incumplimiento de la Ley, aprobada en el Parlamento Andaluz en el año 2010 en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha convertido a estas alturas en una verdadera Deuda Histórica del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía apoyado y avalado por su socio de investidura C´s.
El incumplimiento de la PATRICA, a día de hoy, no se justifica ni con la crisis económica ni con los planes de ajuste. “La economía bien” y uno de los grandes “lujos” de PP, PSOE y C´s, ha sido una rebaja de impuestos directos a las rentas más altas, un agujero en la hacienda pública andaluza, para este 2018, de más de 700 millones de euros, un varapalo más a los pilares básicos en los que sustentan la administración pública y el reparto de la riqueza para garantizar los servicios públicos y administraciones locales con capacidad de dar solución a los problemas de la gente.
En el pasado 2017 el propio Consejero de Presidencia se jactaba de presentar un proyecto de presupuestos en el que “el Plan de Cooperación Municipal contaría con una financiación de 1.056,2 millones de euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el Presupuesto total de la Junta que lo hace un 6,2 por ciento.” Es decir, el aumento de ingresos, se destinó a aumentar la tutela a los ayuntamientos y no su autonomía, incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, apostando por una política de subvenciones finalistas.
Hay que tener en cuenta que los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma han pasado de 2.194 millones de euros en el año 2.014 a 3.086,9 millones de euros en el de presupuestos para 2.018.
Por otro lado, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2.014 era del 21,9% de los ingresos tributarios y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 15,5%. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los ingresos tributarios, han aumentado en un 40.7% la financiación directa a los municipios se ha reducido en un 6,4%.
Nos preguntamos por qué si los tributos propios y cedidos de gestión propia crecen, no se cumple con la ley de financiación incondicionada de los ayuntamientos, ya que no es cierto, como dicen desde el Gobierno Socialista, que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera obligue a los ayuntamientos a destinar ese aumento en los ingresos a cancelar deuda bancaria. La LOEPSF dispone que cuando hay un aumento estructural en los ingresos, como sería este caso, hay un aumento en el techo de gasto, por lo tanto, se puede destinar a financiar los servicios públicos locales.
A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de un exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la FEMP y la FAMP. Es decir las CC.AA si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.
Por todo ello el Grupo Provincial de Izquierda Unida Para la Gente presenta al Pleno para su aprobación si procede los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2019 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para los ayuntamientos de esta provincia recibir en lugar de 81.112.862,87€ la cantidad de 103.482.119,28€, una diferencia de 22.369.256,41€.
2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 780 millones de euros hasta 2019 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el año 2019 a este Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA desde el año 2013 es de 135.345.491,48€.
3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un plan de reducción de las transferencias condicionadas (a través de convocatorias de subvenciones), en los próximos ejercicios presupuestarios, destinando esa reducción a aumentar el porcentaje de fondos incondicionados, como es el caso de la PATRICA.
MOCIÓN PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN PLENO
MOCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y APOYO ECONÓMICO A LA
AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN ORIENTE PRÓXIMO (UNRWA)»
Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida para la Gente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3., 74.a.3 y 102.2.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción para su debate y votación en Pleno.
El pueblo palestino constituye el mayor grupo de población que desde hace más tiempo permanece desplazado. Actualmente se contabilizan 5,3 millones de personas con estatuto de refugiado palestino que viven el Líbano, Siria, Jordania y más de 2 millones en Gaza y Cisjordania. De estas últimas, 1,4 millones viven en uno de los 58 campamentos que gestiona la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
UNRWA es una agencia de las Naciones Unidas establecida por la Asamblea General en 1949 y con el mandato de proporcionar asistencia y protección a los más de 5 millones de refugiados de Palestina registrados; que los servicios de UNRWA abarcan la educación, la asistencia sanitaria, los servicios sociales y de emergencia, ayuda humanitaria, infraestructura y la mejora de los campamentos, la protección y la microfinanciación.
Debemos tener en consideración que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha renovado el mandato de la UNRWA en numerosas ocasiones, la última hasta el 30 de junio de 2020 con el voto de 167 Estados miembros de la ONU.
Como sucede con el resto de Agencias de Naciones Unidas, la financiación de UNRWA depende de las contribuciones que hagan los estados miembros, siendo Estados Unidos en el caso de UNRWA su donante más importante, aportando un tercio de la financiación.
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado recientemente una contribución de 60 millones de dólares. Si bien es importante, esta financiación está dramáticamente por debajo de los niveles anteriores. La contribución total de EE.UU. en 2017 fue superior a 350 millones de dólares, suponiendo por tanto, una reducción drástica en la financiación de UNRWA, que pone en riesgo la supervivencia de los programas, así como incorpora un nuevo elemento de inestabilidad para la región.
España mantiene una larga trayectoria de relación y colaboración con UNRWA tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como a través de diferentes Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. La Comunidad Autónoma de Andalucía, es el mayor donante regional de UNRWA.
Nuestra Diputación Provincial hasta el momento no había considerado la posibilidad de efectuar donaciones a este organismo internacional, centrándose principalmente en la convocatoria de subvenciones para entidades con implantación en la provincia.
Para este año 2018 se ha contado con un presupuesto destinado a subvenciones en materia de Cooperación Internacional por valor de 565.000€. Tras el oportuno proceso de convocatoria y asignación de subvenciones en función de los proyectos y los requisitos legalmente establecidos, han quedado pendiente de asignación 140.000€ por diversas cuestiones ajenas a esta casa, pero que han dado como resultado una inejecución de casi un 25% de la partida presupuestaria.
Desde Izquierda Unida apostamos porque esa financiación siga destinada a cuestiones vinculadas con la Cooperación Internacional. Una opción sería solicitar que esta financiación fuese a incrementar la partida presupuestaria de Cooperación Internacional del próximo presupuesto, sin embargo, a estas alturas no se ha iniciado ninguna negociación sobre los presupuestos, por lo que intuimos que no habrá próximos presupuestos hasta que no se constituya una nueva corporación provincial.
Como hemos puesto de manifiesto en el cuerpo de la moción, UNRWA se enfrenta a importantes deficiencias financieras estructurales durante 2018 que ponen en juego la continuidad de sus servicios, así mismo, en su informe de 30 de marzo de 2017, el Secretario General de las Naciones Unidas formuló varias recomendaciones para garantizar una financiación adecuada, predecible y sostenible para UNRWA.
Cabe señalar que cualquier reducción o demora inesperada en los desembolsos previstos de donantes de UNRWA puede tener efectos perjudiciales en el acceso a la asistencia alimentaria de emergencia para 1,7 millones de personas y la atención primaria de salud para 3 millones de refugiados palestinos, en el acceso a la educación de más de 500.000 a través de 702 escuelas de UNRWA, incluidos casi 50.000 niños en Siria, y sobre la estabilidad en la región, por ello la decisión de EE.UU. supone un duro golpe.
Por ello y considerando la excepcional y delicada situación de UNRWA y por extensión de los millones de Palestinos y Palestinas que dependen de este organismo para sobrevivir, vemos como la mejor opción que esta financiación que queda pendiente de ejecución se destine a la UNRWA, una donación excepcional que mostraría nuestro apoyo como institución al Pueblo Palestino y a la labor de la UNRWA y garantizando así que la financiación destinada a Cooperación Internacional cumple con su fin último.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Provincial de Izquierda Unida venimos a proponer la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO.- La Diputación Provincial de Málaga, manifiesta su firme compromiso de apoyar el Mandato de UNRWA en la prestación de servicios vitales para el bienestar, la protección y el desarrollo humano de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Jordania, Líbano y Siria;
SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Málaga reconoce a UNRWA por sus extraordinarios esfuerzos en la devastada Siria para atender a los casi 500.000 refugiados de Palestina que permanecen en el país, así como por su labor en las extremas condiciones en las que trabaja en Gaza donde se encuentran 1,2 millones de refugiados en Gaza bajo un férreo bloqueo desde hace 11 años;
TERCERO.- La Diputación Provincial de Málaga reconoce que UNRWA se estableció con un espíritu de solidaridad con los refugiados palestinos a fin de aliviar su sufrimiento y reconoce igualmente su labor esencial en la educación de medio millón de niños y niñas refugiados de Palestina;
CUARTO.- La Diputación Provincial de Málaga insta al Consejo de Gobierno Andaluz a seguir apoyando a UNRWA para cumplir el mandato otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, operar de forma sostenible y rentable y garantizar la calidad y el nivel de los servicios prestados a los refugiados de Palestina;
QUINTO.- La Diputación Provincial de Málaga expresa su preocupación por la crisis de financiación de UNRWA por lo que realizará las modificaciones presupuestarias oportunas para realizar una donación de 140.000€ a dicho organismo internacional, a través del Comité Nacional de UNRWA en España.
MOCIÓN PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN PLENO
MOCIÓN DE APOYO A LOS Y LAS AFECTADAS POR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE LA AGENCIA IDEA
Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida para la Gente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3., 74.a.3 y 102.2.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción para su debate y votación en Pleno.
Entre los años 2007 y 2013 la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) creó el llamado “Ticket Autónomo” así como un sin fin de ayudas para el colectivo de autónomos y el emprendimiento desde distintas consejerías y cámaras de comercio, asociaciones de empresas, ayuntamientos, pero todas tenían en común que sus fondos se gestionaban desde la Agencia IDEA. Unas ayudas, que con fondos europeos en un 80%, se ofrecieron al colectivo de autónomos de la comunidad autónoma.
Estas ayudas que partían de la Consejería de Empleo, oscilaban entre los 6.000 y los 9.000 euros e iban destinadas a emprender, consolidar y apoyar el crecimiento de la actividad económica que ya venían desarrollando, mediante la adquisición de maquinaria o adaptación a las nuevas tecnologías, entre otras mejoras e inversiones o emprender en nuevas actividades económicas debido a la crisis mundial que azotaba el país y en especial Andalucía por lo que se calificaron como «medidas urgentes»
Sin embargo, y poniendo de ejemplo una de estas ayudas, tras más de tres años otorgadas las subvenciones del “Ticket Autónomo” y realizadas las inversiones en los distintos negocios, la Junta de Andalucía comienza, en muchos casos, a solicitar a las personas beneficiarias la documentación que ya habían aportado cuando optaron por dichas subvenciones. Así se inician los diversos procesos de reintegros que han acabado con 2.573 expedientes de devolución de las 5.263 ayudas que se aprobaron y que recibieron un pago anticipado de entre el 100% y el 75% por el Ticket Autónomo. 2.573 resoluciones de devolución de las ayudas, más los intereses de demora desde el ingreso efectivo de las ayudas, de las que 1.392 autónomos y autónomas ya han efectuado el pago y por las que 1.181 aún se encuentran en proceso de reclamación de la deuda.
Entre estos 1.181 expedientes, nos encontramos con una mayoría de mujeres, a las que, por ejemplo, se les ha pedido la misma documentación en varias ocasiones, documentación como la vida laboral que ya aportaron entre los años 2009 y 2010, cuando se les concedió la subvención, y que a la Junta de Andalucía le ha servido como “incumplimiento” para en algunos casos solicitar la devolución de la subvención.
La respuesta del Consejero siempre es la misma, “que no se ha presentado la documentación justificativa, que hay incumplimientos parciales, si bien no se perciben indicios de irregularidad ni mala fe, hay incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiario, estamos actuando con rigor y respeto a los procedimientos administrativos…”
Sin embargo, en ningún momento se cuestiona, ni se valora o analiza la actuación de la propia Agencia IDEA durante los años en los que se tramitaron los expedientes de concesión de estas ayudas. No se analiza dónde radica el problema de solicitar la misma documentación, que ya fue entregada y tenida en cuenta para la concesión de las ayudas, no se ha cotejado qué condiciones imponía la Agencia IDEA a todas las personas solicitantes de estas subvenciones, condiciones arbitrarias, cuando no opacas, que han puesto de manifiesto las propias afectadas al comprobar la disparidad de criterios a la hora de solicitar la documentación exigida. Tampoco se ha cuestionado si las exigencias de IDEA tenían los mismos criterios que las desaparecidas UTELDT, Cámaras de Comercio, Ayuntamientos, CADE, Asociaciones de Empresas, etc, desde las que fueron tramitadas y concedidas.
A día de hoy, empiezan a resolverse los procesos judiciales planteados por los y las afectadas, en su mayoría con sentencias a favor de las personas afectadas. Sentencias en contra de las actuaciones de la Junta de Andalucía y a favor de las actuaciones de los autónomos y autónomas que, tras depositar su confianza en la Junta de Andalucía, han tenido que recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos y demostrar que han actuado según los procedimientos administrativos establecidos por ley.
Las personas afectadas se reparten por toda la geografía andaluza, estando la provincia de Málaga entre las más afectadas, junto a las de Granada y Sevilla.
Hablamos de que casi un cuarto de las subvenciones concedidas están siendo motivo de reclamación, un porcentaje excesivo para una comunidad autónoma con los mayores índices de paro y precariedad laboral. Un porcentaje excesivo para una administración gobernada por el PSOE que se promociona como un mundo ideal pero que sin embargo, deja maltratadas y maltrechas en el camino de su incompetencia a miles de autónomos y autónomas que tienen un proyecto empresarial muy modesto para ganarse la vida, incluso muchos de ellos han tenido que cerrar al no poder hacer frente a las exigencias de la Junta.
Por todo ello, el Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga, viene a proponer la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. – Mostrar nuestro apoyo a los autónomos y autónomas afectadas por los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, a través de la Agencia IDEA entre los años 2007 y 2013.
SEGUNDO. – Instar a la Junta de Andalucía a revisar la actuación de la Agencia IDEA tanto en la gestión del “Ticket Autónomo” como del resto de autónomos afectados por diferentes convocatorias y bases pero con las mismos fines y procedimientos, con especial atención a la tramitación de la documentación de los distintos expedientes de concesión de ayudas.
TERCERO. – Instar a la Junta de Andalucía a paralizar los expedientes de reintegro, hasta encontrar una solución administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos de estos autónomos y autónomas.
