El próximo Consejo de Gobierno llevará el inicio del expediente para la aprobación de la comisión interdepartamental para el cambio climático

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido a todas las formaciones políticas que tengan “altura de miras” para alcanzar un Pacto del Agua que considera “necesario”, ya que el agua es un “tema fundamental” para Andalucía. “El Pacto por el Agua es el instrumento más importante que se puede utilizar para garantizar el agua para todos y una de las medidas más importantes de prosperidad y desarrollo de Andalucía”, ha recalcado.

La titular de Desarrollo Sostenible ha defendido en comisión parlamentaria que para lograr este objetivo “hay que apostar por los acuerdos” al tratarse de “un tema de Estado importantísimo”. Carmen Crespo ha reafirmado su apuesta por que el agua “sea un instrumento válido, equilibrado y posibilista y no un arma arrojadiza” para los partidos políticos porque eso “es lo que nos piden los agricultores, los ganaderos, y la sociedad en general, que necesita este pacto”.

En su intervención, la consejera ha explicado que Andalucía reúne actualmente las condiciones óptimas para ser la primera comunidad que ponga en marcha esta posibilidad que tendrá como base el trabajo ya realizado en el ámbito del Pacto Nacional del Agua. Al respecto, ha afirmado que el acuerdo estatal “es un referente para comenzar a dar respuesta a los retos de Andalucía” y un ejemplo de apuesta por el diálogo y el consenso.

Por otro lado, Carmen Crespo ha afirmado que es imprescindible trabajar para alcanzar un “alto nivel de concienciación de la sociedad” sobre la importancia de no desperdiciar “ni una sola gota de agua”. Al mismo tiempo, es preciso informar a los ciudadanos de que en Andalucía se ha conseguido alcanzar un modelo de producción ejemplar y una actividad económica de éxito gracias al uso eficiente del agua.

Medidas del Pacto del Agua
En cuanto a los pasos a seguir, la consejera ha apuntado que se debe empezar por analizar los déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales, la puesta en marcha de los planes de gestión y los riesgos de inundación así como otras medidas incluidas en el ámbito de la gobernanza del agua. “En Andalucía hemos adolecido de una verdadera política de agua”, ha lamentado Crespo, quien ha afirmado que el Gobierno andaluz tiene la intención de poner las bases para cambiar esta situación porque actualmente existen provincias con déficit hídricos de cientos de hectómetros cúbicos.

Entre los ejes fundamentales del Pacto del Agua se encuentran la modernización de los procesos de gestión de este recurso apostando, por ejemplo, por la modernización de los regadíos; y la revisión del cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica. En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en la importancia de desarrollar el tercer ciclo de la planificación hidrológica del período 2021-2027 “corrigiendo los errores y haciendo más visible lo que se haya hecho bien”.

Otras líneas de actuación resaltadas por Carmen Crespo en el Parlamento son “intentar recuperar nuestras masas de aguas subterráneas, preservar caudales ecológicos y definir correctamente las dotaciones estructurales para la correcta gestión del agua”; prestar especial atención a los déficit de recursos hídricos analizando los recursos disponibles “en cada cuenca y cada territorio”; definir los mecanismos e infraestructuras necesarias; desarrollar los planes estratégicos en casos de sequía con el fin de que estén preparados “para las circunstancias que puedan sobrevenir”; y ejecutar las medidas propuestas en los planes de gestión de riesgos e inundaciones.

Asimismo, la consejera ha recalcado que se actuará de manera correcta en la depuración de las aguas residuales del territorio. Al respecto, ha recordado que en octubre de 2010 Andalucía asumió la responsabilidad de numerosas obras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma y, por tanto, “tenemos que utilizar el canon del agua para desarrollar todas y cada una de las infraestructuras hidráulicas que necesitamos y que en este momento están muy atrasadas”.

Trabajando por un Estatuto de la Mujer Rural
La consejera también ha comparecido para hacer un balance del desarrollo del primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera en el Horizonte 2020, consciente de que “las desigualdades en el medio son más pronunciadas y difíciles de superar” y de que la crisis ha supuesto un repunte de las mismas. Sólo un 25,5% de mujeres trabajan en el sector agrícola y sólo el 23% son empresarias. En las explotaciones agrarias sólo un 11,16% de las mujeres es asalariada fija a tiempo completo. Y la presencia en los consejos rectores es muy escasa (3,8% en primer grado). En el sector pesquero basta decir que la presencia de la mujer en el trabajo en los buques se reduce al 9,5% y al 10,9% en la acuicultura, frente al 51,6% en la industria de transformación. Con estos indicadores, en un sector “masculinizado y envejecido”, la Consejería está siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea.

Los principales resultados de la aplicación del I Plan de Igualdad han sido: conseguir que las mujeres participen cada vez más como docentes y alumnas; el impulso a la entrada en el mercado de trabajo agrario y pesquero incorporando criterios de valoración que priorizan a las mujeres; propiciar la participación en la actividad de la Consejería; apoyar el movimiento asociativo y las redes de mujeres; la modificación de las bases reguladoras de las ayudas del sector pesquero; fomentar la presencia y participación de las mujeres en los órganos de decisión; incorporación de la mujer en la interlocución con la Consejería; inclusión de la perspectiva de género en los procedimiento o la formación del personal en materia de igualdad, entre otras medidas.

Crespo ha avanzado las líneas en las que se continuará trabajando, empezando por una mayor sensibilización del personal, la mejora de los indicadores de género del presupuesto o la incorporación de cláusulas de igualdad en contratos y convenios. La Consejería trabajará en la representación equilibrada en los órganos colegiados y se incorporarán criterios de igualdad de género en las bases reguladoras de las ayudas. La titular del ramo ha anunciado que “en breve procederemos a convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad” y la realización de “un profundo análisis de los criterios de igualdad de género en las bases reguladoras de las ayudas Feader y Femp”. Además, la consejera ha hecho hincapié en el trabajo que se está haciendo para “hacer más atractiva la titularidad compartida de las explotaciones” que en Andalucía avanza muy lentamente en comparación con otras comunidades autónomas. “Es fundamental que tengan un reconocimiento público y fiscal”, ha agregado. En la actualidad hay 47 solicitudes de titularidad compartida de explotaciones agrarias.
De forma paralela, la Consejería elaborará una manual sobre cómo incorporar la perspectiva de género en todas sus actividades y está trabajando en la organización de una jornada que permita conocer fórmulas que faciliten la posibilidad de financiación de proyectos emprendidos por mujeres por parte de entidades financieras. Crespo ha puesto de relevancia la importancia de trabajar en un “Estatuto de la Mujer Rural” como ya tienen el País Vasco o Castilla La Mancha, entre otras medidas.

Durante la comisión parlamentaria, la consejera ha dado cuenta de varias preguntas para ruego de respuesta oral formuladas por los distintos grupos. Respecto a la instalación de macrogranjas en la comunidad, ha defendido que “una explotación intensiva tiene que cumplir todos los requisitos de la normativa zootécnica, sanitaria, de bienestar animal y medioambiental”. De hecho, se ha comprometido a “exigir el cumplimiento” de todos ellos para que una granja pueda iniciar su actividad. “La ganadería intensiva implica generación de riqueza y empleo en el mundo rural”, ha apostillado.

En cuanto a la defensa del medio ambiente en el entorno del depósito de residuos de El Cabril, Crespo ha recordado que el “Consejo de Seguridad Nacional es el competente en la protección de los efectos nocivos de las radiaciones” y que la Consejería “estará vigilante para instar al Estado a que tome medidas si fuera necesario”. A su juicio, es un error “estigmatizar la zona” porque ello supone un “flaco favor”, pues no se tiene constancia de afectación al parque natural de Hornachuelos y, por tanto, al espacio Red Natura 2000.

Comisión interdepartamental para el cambio climático
La consejera ha comentado que la Consejería “ya trabaja en el Plan Andaluz de Acción por el Clima” para la reducción de emisiones, consciente de que el cambio climático es una prioridad. “No es una cuestión de futuro sino de presente”, ha añadido. De hecho, ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno llevará el inicio del expediente para la aprobación de la comisión interdepartamental para el cambio climático y del mismo modo en un futuro se pondrá en funcionamiento el Consejo Andaluz del Clima.

Además, la Consejería ha abogado por una rápida ratificación del acuerdo de pesca de la UE con Marruecos para que los pescadores andaluces vuelvan a faenar cuanto antes. Crespo ha adelantado que el próximo 25 de marzo la comisión Europea realizará una reunión técnica previa, pero también ha recordado que con una mayor celeridad del Gobierno central se podría haber prorrogado el acuerdo anterior sin que la inactividad de la flota se hubiese prolongado tanto tiempo.

Un plan director estudiará la ampliación del dominio esquiable de Sierra Nevada
El Gobierno andaluz, respecto al espacio natural de Sierra Nevada, mantendrá el equilibrio entre las necesidades del desarrollo y la preservación de nuestros espacios naturales. “Sierra Nevada es un referente natural, motor de creación de empleo y riqueza. Creemos necesario la realización de un plan director que estudie únicamente la ampliación del dominio esquiable, siempre respetando la ley”, ha añadido la titular del ramo, que ha concluido la intervención en comisión refiriéndose al trabajo que realiza la Junta de Andalucía para dar una «solución apropiada y definitiva» que regule el acceso a las playas de Mónsul y Genoveses en el parque

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