La Delegación del Gobierno ha clausurado 3 salones en la provincia por permitir la entrada de menores e incumplir horarios
El proyecto de Decreto que está en trámite regulará la distancia mínima entre establecimientos de juego y centros escolares
La protección de los menores de edad, junto a la de las personas con problemas adictivos, es uno de los ejes fundamentales de la actuación en materia de juegos que desarrolla la Junta de Andalucía a través del Servicio de Juego y de la Unidad de Policía adscrita vinculados a las delegaciones del Gobierno andaluz en cada provincia.
En este sentido, y según ha informado la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, en los últimos diez meses se han clausurado preventivamente tres salones de juego en la provincia, con sus correspondientes sanciones económicas, tanto por permitir la entrada de menores como por permanecer funcionando fuera del horario establecido.
El control tanto de menores como de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso, conocido como Registro de Prohibidos, “es ahora muy estricto y está sancionado por esta Administración con medidas concretas, como el endurecimiento de sanciones o el cierre cautelar del establecimiento en casos de infracciones graves o muy graves”.
Precisamente esta acción de la Junta está llevando al propio sector a proceder con un mayor rigor en el cumplimiento de estas exigencias y acometer, por ejemplo, la instalación de dispositivos automáticos en la entrada de locales de juego que filtran, a través del DNI, tanto la edad como la inclusión en el listado oficial de personas prohibidas.
La delegada del Gobierno ha indicado “que estamos reforzando aún más la protección de los menores, uno de los colectivos más vulnerables frente al juego, que ha acrecentado esa vulnerabilidad con la extensión reciente de nuevas modalidades que acaparan su interés, como pueden ser la apuestas deportivas, así como el incremento en los últimos años del número de establecimientos dedicados a estas actividades”.
Asimismo, Navarro ha puesto de relieve el avance de la Junta en la normativa que da mayor relevancia a esa protección, tanto el Decreto-ley aprobado en Consejo de Gobierno en diciembre de 2019, que ya endurecía el régimen sancionador para conseguir mayor eficacia en el control de acceso a los salones bajo el principio de “tolerancia cero” a la entrada de menores y personas incluida en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso, como el proyecto de decreto, actualmente en trámite, que adopta nuevas medidas y que impedirá la apertura de salones de juego que se encuentren a menos de 150 metros de los accesos a colegios o institutos.
La Junta es la administración competente en materia de juego presencial, y con estas medidas, junto a otras que se desarrollan de información y concienciación en jóvenes sobre los riesgos de la práctica compulsiva del juego, “ponemos freno a la presencia de menores en salones de juegos y apuestas de la comunidad y ayudan a prevenir posibles adicciones asociadas a este tipo de prácticas a una temprana edad, cuando todavía no se tiene plena conciencia del riesgo que entrañan”, ha subrayado la delegada.
Navarro ha puesto de relieve la permanente ocupación de la Delegación del Gobierno sobre los menores y las personas con prohibición de acceso, no sólo en el ámbito legislativo, si no en la actuación constante tanto de la Unidad Adscrita de Policía, que cumple la tarea de inspección y control de los locales de juego, como del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, que instruye y acuerda los necesarios expedientes sancionadores, así como las medidas provisionales de cierre cautelar de los locales.
El pasado año se realizaron en la provincia de Málaga un total de 245 inspecciones en locales de juego que dieron lugar a 195 actas de denuncia y recogieron 355 infracciones a la normativa de Juego, ocasionando los respectivos expedientes sancionadores, de los cuales cinco han sido por permitir la entrada a menores.
“El juego legal es un sector importante para la economía malagueña, generador de empleo y recursos que supone un valor añadido a la oferta turística y de ocio de la provincia, pero tenemos que ser todos responsables y rigurosos al máximo con la salvaguarda de los derechos e intereses de los colectivos vulnerables ante su práctica, como son menores y las personas incluidas en el Registro de Interdicciones de acceso a los establecimientos donde se ejerce y apuesta”, ha concluido la delegada.
