(IU/Podemos) SÁNCHEZ: “Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado violencias machistas”

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la diputación solicitará en el próximo pleno provincial y dentro del contexto de reivindicaciones del 25N, Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres, que el ente supramunicipal “dé un paso decidido más en el refuerzo de la lucha contra la violencia de género e instará a que se incluyan como tal las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, la violencia sexual, laboral, institucional y también que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución”.

“Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado violencias machistas”, denuncia la portavoz de la coalición, Teresa Sánchez.

Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia machista, además vemos un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las consultas online se han incrementado ese mismo mes casi un 600% comparado con abril del año anterior.

Por su parte, la diputada Maribel González subraya que “la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria”.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados.

“Es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos”, abunda Sánchez.

Para Izquierda Unida y Podemos “es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios públicos que, estando heridos de muerte, no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común”.

Para ello, la coalición solicitará que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos; que se amplíe el tiempo de acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación socio-laboral; realizar, en sus respectivos ámbitos, un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción; impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales; desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la Diputación para garantizar el cumplimiento de los objetivos; implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas; reforzar las actuaciones con menores en contexto de violencia de género; o planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento para el personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

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