La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado hoy oficialmente en vigor con una apuesta decidida por incrementar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible, agilizar la construcción y rehabilitación residencial y reducir de forma significativa la burocracia administrativa. La norma, impulsada por el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, también incorpora medidas específicas para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a fenómenos como la ocupación ilegal.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que se trata de una ley “nacida del diálogo y pensada para mejorar la vida de los andaluces”, subrayando que viene a consolidar la planificación en materia de vivienda iniciada en 2019. En este periodo, Andalucía ha logrado multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas y se ha situado en 2025 como la comunidad autónoma donde más vivienda, libre y protegida, se ha iniciado en España.
Entre los principales objetivos de la nueva ley figura la aceleración de la construcción de VPO, mediante herramientas como la creación de áreas prioritarias, zonas con especiales dificultades de acceso a la vivienda donde se concentrarán ayudas al alquiler, a la compra, incentivos a la promoción y a la rehabilitación. Asimismo, se refuerza la colaboración público-privada, con la creación de una comisión andaluza específica que explorará nuevas fórmulas para ampliar el parque residencial asequible, sumándose a iniciativas ya en marcha como la permuta de suelo por vivienda.
La norma también apuesta por equilibrar la oferta de vivienda en venta y alquiler, priorizando el uso residencial habitual y permanente, y por una gestión más eficiente del parque público mediante un inventario único de viviendas de la Junta de Andalucía. En materia de rehabilitación, se incluyen medidas para la regeneración de barriadas, la eliminación de la infravivienda y la mejora de la calidad, eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.
En el ámbito de la seguridad y el buen uso del parque residencial, la ley incorpora mecanismos para evitar la ocupación ilegal y la sobreocupación, al tiempo que protege a los colectivos más vulnerables. En este contexto, se constituirá una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación, con representación de distintas consejerías y organismos públicos.
La Ley de Vivienda de Andalucía integra además medidas urgentes ya recogidas en el decreto-ley vigente, como el aumento de densidad y edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, una iniciativa a la que ya se han adherido más de 80 municipios andaluces que representan a más de cinco millones de habitantes. También consolida la bolsa de suelo para VPO, que hasta ahora ha permitido aflorar parcelas con capacidad para más de 40.000 viviendas protegidas.
Con esta entrada en vigor, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley integral de vivienda tras la normativa estatal, con el objetivo de contrarrestar efectos como la subida de precios, la caída de la oferta o la inseguridad jurídica del propietario. La norma simplifica además el marco legal vigente al derogar cuatro leyes anteriores y se suma a otras políticas impulsadas desde 2019, como el Plan Vive en Andalucía, la nueva Ley del Suelo (LISTA) o el programa Garantía Vivienda Andalucía.
El Gobierno andaluz ha incrementado de forma sostenida el presupuesto destinado a vivienda hasta alcanzar los 740 millones de euros, un 40% más que en 2025 y casi el triple que en 2018, consolidando así una estrategia orientada a facilitar el acceso a la vivienda y ampliar el parque residencial a precios asequibles en toda la comunidad.
