(Por Jesús Miguel Relinque Mota Profesor de instituto en Málaga) Más allá de las etiquetas políticas, las creencias religiosas, las corrientes filosóficas o incluso los gustos culturales que nos diferencian a unos de otros, existe una verdad innegociable que debería unirnos a todos: el derecho de cualquier persona a vivir con un mínimo de dignidad. Un techo bajo el que cobijarse, un plato de comida caliente cada día, acceso a los suministros básicos y la posibilidad de cuidar y convivir decentemente con los seres queridos no son lujos ni concesiones; son los cimientos elementales de la existencia humana.
Si existe un Dios —y estoy convencido de que, de alguna manera, existe—, tengo la absoluta certeza de que no desea ni tolera el sufrimiento, la penalidad ni la miseria de sus criaturas. Pero incluso al margen de la fe, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y corazón siente un profundo rechazo ante las desgracias y las carencias ajenas. La empatía es la verdadera medida de nuestra humanidad. Quien merezca llamarse ser humano reconoce el dolor de su semejante sin importar su ideología, su credo o su visión del mundo.
Son precisamente esas emociones profundas las que nos mueven —a mí y a millones de personas— a no permanecer impasibles mientras se pisotean los derechos más básicos de nuestra especie. El acceso a la vivienda, al agua, a la alimentación y a la energía esencial para salir adelante no debería estar sujeto a los vaivenes del mercado ni a la caridad, sino garantizado por el simple hecho de existir.
Sin embargo, en una sociedad democrática como la española, que se presupone avanzada y moderna, surge una pregunta inquietante: ¿son capaces los políticos, las instituciones y los ayuntamientos de resolver esta crisis por sí solos? La experiencia nos demuestra que la respuesta real no vendrá únicamente desde los despachos oficiales. La verdadera fuerza transformadora reside en las asociaciones, en el tejido social y, sobre todo, en la propia ciudadanía.
Confío plenamente en la elevada capacidad intelectual, emocional y humana de nuestra población. Aunque a menudo parezca adormecida por el conformismo y la indolencia —esa tendencia tan humana a mirar hacia otro lado hasta que el problema golpea nuestra propia puerta o la de nuestros familiares y amigos—, la sociedad española sabe despertar cuando percibe la injusticia en carne propia.
Lo hemos visto en la calle a lo largo de nuestra historia reciente: lo hicimos con las huelgas generales, con las movilizaciones para frenar el drama de los desahucios, con las protestas contra los salarios insuficientes y ante la asfixiante carestía de la vida provocada por la escalada de los precios de la energía, los combustibles y los bienes de consumo esenciales.
Esa movilización ciudadana es la respuesta legítima y necesaria de un pueblo maduro frente a la inoperancia política de unos y otros. Porque cuando las instituciones fallan y la indiferencia amenaza con normalizar la pobreza, es la conciencia colectiva la que debe alzarse para recordar que nadie, absolutamente nadie, debe quedarse atrás.
