La Junta de Andalucía ha ofrecido su versión de los hechos ocurridos en el inmueble situado en la calle Ollerías número 15, tras la ocupación registrada durante la tarde del viernes 16 de enero.
Según ha informado la administración autonómica, el edificio, de su propiedad, había sido utilizado hasta ahora como sede de la ONG Málaga Acoge. No obstante, dicha entidad fue trasladada previamente a otro inmueble de titularidad autonómica en la calle Palestina, tras alcanzarse un acuerdo motivado por el proceso administrativo de enajenación que afecta al edificio de Ollerías, así como por la falta de condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y salubridad.
Durante la tarde del viernes, la Junta tuvo conocimiento de que el inmueble había sido ocupado de manera ilegal por el colectivo Un Techo Por Derecho, con el respaldo de otras plataformas sociales, permaneciendo en su interior alrededor de una decena de personas.
Desde la Delegación Territorial de Inclusión Social se intentó establecer una vía de diálogo con los responsables de la ocupación. Sin embargo, la interlocución no prosperó al exigir el colectivo una respuesta inmediata sobre la cesión de una vivienda para las personas que se encontraban en el edificio. La Junta asegura que planteó como alternativa abordar cada situación de forma individualizada, ordenada y en un entorno de normalidad, propuesta que fue rechazada por los ocupantes.
La administración autonómica subraya que mantuvo en todo momento una actitud de diálogo, pero que, ante la persistencia en la ocupación ilegal de un inmueble público que no reunía condiciones mínimas de habitabilidad y suponía un riesgo para la integridad de las personas presentes, se optó por interponer una denuncia ante la autoridad judicial competente.
El dispositivo fue finalmente dirigido por la Policía Nacional, que asumió el control de la actuación en todo momento, trabajo que la Junta de Andalucía ha querido reconocer públicamente.
