La consejera exige un modelo dual y advierte de que ocho de cada diez municipios no tienen supermercados donde poder usarlas
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha remarcado este jueves en el Parlamento que el sistema de las tarjetas monedero impuesto por el Gobierno es «nefasto, caótico y excluyente» y deja fuera al 85 por ciento de las personas usuarias que, a día de hoy, son atendidas mediante el reparto de alimentos básicos en Andalucía. «Excluye a más de 280.000 andaluces y andaluzas», ha asegurado.
Durante su comparecencia, la consejera ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez «los cuatro bulos» que ha difundido sobre el actual sistema impuesto de las tarjetas, el cual solo contempla como destinatarios a familias con menores a cargo y un determinado nivel de renta, dejando fuera a personas mayores, personas sin hogar o personas migrantes, entre otros colectivos.
Así, la consejera ha desgranado «los bulos» que sostiene el Ejecutivo en esta materia y ha explicado, en primer lugar, es «falso» que las comunidades autónomas votaran a favor de un sistema de tarjetas en exclusiva y solo para familias con menores a cargo. Como ha explicado, lo que se votó en aquel Consejo Territorial es un sistema que «no estigmatizase a las personas y no un sistema caótico como éste que deja sin alimentos a 280.000 personas».
En segundo lugar, López ha señalado que tampoco es cierto que sea una imposición de Europa ya que, de todos los países miembros, solo cinco de ellos, entre ellos España, ha optado por este sistema. Asimismo, López ha indicado que desde hace más de un año le ha planteado al Gobierno «la honda preocupación» que le generaba la situación y advirtió en reiteradas ocasiones de la complicada coyuntura.
Unas 1.295 entidades de reparto
El tercer bulo, como ha proseguido la titular de Inclusión Social, es que «no se van a ver afectadas» las más de 1.295 entidades de reparto en Andalucía, los comedores sociales y los trabajadores vinculados a las mismas «cuando el propio informe del Ministerio sobre el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) lo dice y también los Bancos de Alimentos».
Según ha proseguido, el cuarto bulo se basa en que el Gobierno apremia a las comunidades autónomas a usar el ‘tramo autonómico’ para este programa cuando «es estatal y negociado con el Gobierno con la Unión Europea», siendo las regiones solo «intermediarias en la gestión».
Por todo ello, ha calificado de «nefasta» la imposición del Gobierno que es «excluyente» ya que solo en 2023 se atendieron a 330.000 andaluces mediante 12,8 millones de kilos de alimentos, mientras que con el sistema impuesto se repartirán 14.000 tarjetas. Ante esto, López ha reiterado la necesidad de que se reformule la idea por un modelo dual que mantenga el reparto de alimentos y se complemente con el sistema de tarjetas monedero como ya se hizo en Andalucía durante la pandemia.
En otro orden de cosas, la consejera ha exigido que se modifique el criterio de los destinatarios de estas ayudas, al tiempo que ha advertido de que ocho de cada diez municipios en toda Andalucía no cuentan con establecimientos en los que poder usar las tarjetas monedero. A su juicio, se castiga a la Andalucía rural puesto que hará a las familias de pueblos medianos y pequeños tener que desplazarse hasta cien kilómetros, en algunos casos, para acceder al supermercado acreditado más cercano y comprar los productos a precio de mercado.
La consejera, como ha recordado, sigue a la espera de respuesta por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la que remitió una carta alertando de esta situación hace cuatro meses.
«Esconder las colas del hambre»
«El Gobierno dice que con esta medida quiere acabar con las colas del hambre y lo único que pretende es esconderlas», ha enfatizado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha advertido de la complejidad de que a partir de 2025 sean las comunidades autónomas quienes se encarguen de este sistema cuando «el Gobierno, en un año que lleva con el programa marco, ha sido incapaz y ha tenido que recurrir a una subvención directa a una entidad» para ponerlo en marcha de manera efectiva.
Finalmente, la consejera ha expresado su esperanza en que en el próximo Consejo Territorial extraordinario del día 24 de mayo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, «rectifique» y dé una solución a esta compleja situación.