La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha expresado su rechazo al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, alertando sobre las consecuencias que podría acarrear para la igualdad territorial y la competitividad económica en Andalucía.
Reunida esta mañana en sesión conjunta de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva, la organización empresarial ha mostrado su respaldo al comunicado emitido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el pasado 17 de julio, en el que se denuncia la posibilidad de introducir mecanismos de financiación singulares para determinadas comunidades autónomas.
Desde la CEM se comparte la “profunda preocupación” ante cualquier planteamiento que, en palabras de la patronal andaluza, “rompa la caja común de Hacienda y privilegie a unas regiones sobre otras”, lo que —afirman— pondría en riesgo la cohesión del Estado y agravaría los desequilibrios entre territorios.
Defensa del principio de solidaridad
El empresariado malagueño considera que el establecimiento de acuerdos bilaterales en materia de financiación supondría una vulneración del principio constitucional de solidaridad, consolidando diferencias estructurales entre ciudadanos en función de su lugar de residencia y afectando directamente a la competitividad empresarial.
Además, la CEM ha advertido del riesgo de desconfianza institucional que podrían generar decisiones de esta índole, especialmente si se perciben como discriminatorias por amplios sectores de la población.
Reclaman inversiones clave para Andalucía
En línea con la posición de la CEA, la Confederación malagueña ha vuelto a poner sobre la mesa la infrafinanciación crónica que padece Andalucía, así como la necesidad urgente de acometer inversiones estratégicas. Entre ellas, se destacan infraestructuras prioritarias como el Corredor Ferroviario Mediterráneo, la mejora de la red viaria o las actuaciones en el ámbito energético, fundamentales para la vertebración territorial y la mejora de la competitividad.
La CEM concluye reafirmando su compromiso con la defensa del interés general de la provincia y de la comunidad autónoma en su conjunto, subrayando que hará oír su voz frente a cualquier iniciativa que, a su juicio, pueda comprometer el futuro del tejido productivo y el bienestar de los ciudadanos andaluces.
