La consejera exige al Gobierno que «cumpla la ley» y dote al sistema de financiación justa para que «no haya ciudadanos de segunda»
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha remarcado este jueves en el Parlamento andaluz que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a raíz de la convocatoria de las elecciones catalanas, ha supuesto 200 millones de euros menos para atender a las personas en situación de dependencia en Andalucía.
En comparecencia parlamentaria, la consejera ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido prorrogar los presupuestos por las elecciones en Cataluña sin tener en cuenta, a su juicio, que esto conlleva, entre otras consecuencias, una merma para la financiación en Andalucía. De hecho, como ha enfatizado, las personas en situación de dependencia andaluzas contarán con 200 millones de euros menos.
Así, ha vuelto a reivindicar al Gobierno una financiación «justa» y se ha preguntado por qué en el País Vasco y Cataluña sí se cumple con lo que marca la ley en materia de dependencia y, en Andalucía, se trata a las personas en situación de dependencia como «ciudadanos de segunda». Loles López considera «imprescindible» un nuevo sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad entre todos los españoles.
Ante todo esto, la consejera ha incidido en el afán del Gobierno andaluz por «fortalecer el sistema» como ponen de manifiesto las medidas tomadas al respecto como las 4.553 nuevas plazas residenciales en estos cinco años de Gobierno; el incremento del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio tras «13 años congelado»; el aumento en el precio/plaza de la atención residencial y centros de día o el incremento de las cuantías de las prestaciones económicas.
En concreto, preguntada por cuánto aumentará este año el precio/plaza y el precio/hora del servicio de ayuda a domicilio, la consejera ha asegurado que su departamento está estudiando este aspecto pero le ha recordado al PSOE si durante su etapa de gobierno «no era necesario sostener el sistema», ya que no hubo incremento alguno en el precio/hora de la ayuda a domicilio ni en el precio/plaza frente a la subida acumulada del precio/hora con el Gobierno de Juanma Moreno del 18,1 por ciento, por ejemplo.
Además, la consejera ha subrayado que desde el cierre del año 2018 se ha reducido en un 67 por ciento la lista de espera de personas con derecho pendientes de prestación por dependencia al bajar la cifra en 50.438 personas. Y, a cierre del mes de abril de 2024, se ha alcanzado el máximo histórico de 286.814 personas atendidas y se han superado las 423.000 prestaciones. Pese a estas cifras, López se ha mostrado consciente de que «queda mucho trabajo por hacer» pero ha recordado que «nunca antes se había invertido tanto en dependencia» con casi 2.000 millones de euros. De hecho, esta cuantía supone un alza acumulada desde 2018 de 762 millones.
Además, se ha referido al cuarto Decreto Ley de simplificación y racionalización administrativa de la Junta, que supondrá una mejora en la atención de las personas en situación de dependencia. En concreto, toda esta transformación del sistema público, que está en fase de transición, persigue, como ha agregado López, «simplificar trámites y reducir el tiempo de espera y, de otro lado, facilitar el acceso a las personas, tanto a los servicios como a las prestaciones económicas».
Esta apuesta andaluza por el sistema público de dependencia contrasta, a su juicio, con la postura del Gobierno central que «no cumple» con el porcentaje que le corresponde de financiación, lo que dificulta el sostenimiento del sistema de dependencia que, en el caso de Andalucía, es el mayor del país.
Reivindicación al Gobierno
De otro lado, respecto a las cuestiones sobre el Real Decreto 675/2023 por el que se actualizan las cuantías de las prestaciones de dependencia, López ha explicado que se da un claro «yo invito, tú pagas» por parte del Gobierno central a las comunidades autónomas ya que, para Andalucía, ha aportado 200 millones de euros cuando esta medida conlleva un coste anual de 405,8 millones.
Además, como una muestra más de lo invertido por la Junta en dependencia, la consejera ha señalado que Andalucía garantiza cuantías mínimas de prestaciones económicas que superan las reguladas por el Estado: hasta en un 56 por ciento en el caso de personas con reconocimiento de dependencia grado III, un 34 por ciento en grado II y un 12,5 por ciento en grado I.
