(Pacma) En el mes de enero de 2022 el colectivo conservacionista «Amigos del Parque» denunciaba la presencia de una edificación a base de hormigón y estructuras metálicas que estaba siendo levantada a orillas del mar, en zona de titularidad pública marítima-terrestre del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Desde entonces y más de dos meses después, la Dirección General de Costas sigue sin pronunciarse sobre el expediente y declara estar «estudiando el contenido de la denuncia».
Ante esta situación, el Partido Animalista PACMA lanza un comunicado en el que critica cómo el paso del tiempo, la burocracia y el sinfín de trámites provocan daños naturales irreversibles, permitiendo a los infractores disfrutar de las instalaciones ilegales durante meses e incluso años antes de ser desalojados y sancionados.
«No se puede entender cómo una denuncia que evidencia de una forma tan explícita la ilegalidad de esta construcción aún esté en fase de estudio y comprobación», explica la portavoz del partido, Yolanda Morales.
Según las imágenes compartidas por los activistas de Amigos del Parque y que irían acompañando la denuncia presentada, la edificación podría estar incumpliendo varios puntos del Artículo 90.2 de la Ley de Costas, entre otros, por no respetar la distancia mínima respecto a la orilla del mar, haberse levantado en zona de titularidad pública y contar con la presencia de materiales potencialmente oxidables, como el metal, y contaminantes, como el plástico.
Piden contundencia ante las infracciones medioambientales
Para PACMA no se pueden perder «meses y años» de papeleos ante situaciones que requieren actuaciones inmediatas. Un claro ejemplo de esta dejadez administrativa es la «tragedia» medioambiental ocasionada por los regadíos ilegales (ahora en proceso de legalización por la Junta de Andalucía) aledaños al Parque Natural de Doñana: «pasaron años hasta que se resolvió ese expediente y, para sorpresa de todos, los regadíos fueron legalizados y no se dio importancia al grave daño medioambiental que estaban provocando en una comunidad autónoma con riesgo de sequía», apunta Morales.
El Partido Animalista afirma comprender que todos los expedientes merecen un estudio y que se deben aplicar protocolos, pero declara que los actuales no pueden considerarse efectivos.
Según han indicado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones que se están llevando a cabo en este momento persiguen «comprobar» el contenido de la denuncia. «¿Dos meses para enviar a un técnico a comprobar la veracidad de unas fotos mientras el infractor levanta una edificación en suelo público protegido y con materiales contaminantes?, pregunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna.
La formación animalista atribuye estos «atascos burocráticos y procedimentales» a la falta de interés político en agilizar trámites medioambientales por «un error de prioridades». Aseguran que la situación medioambiental en Andalucía es «dramática» y que será totalmente irreversible sin una implicación administrativa ipso facto.
