(PACMA) La candidata de PACMA a la Junta de Andalucía, Cristina García, se ha personado este fin de semana en la última vega de la capital de Málaga, Mestanza, para apoyar directamente a los vecinos que llevan años en una incansable lucha para evitar la instalación de una depuradora que destrozará 29 hectáreas de paraje.
La Estación de Aguas Depuradoras Málaga Norte (EDAR), que tendrá una capacidad de 70.000 metros cúbicos diarios, tiene previsto ubicarse sobre un paradisiaco entorno malagueño con más de 20.000 árboles, en su mayoría cítricos, con una riqueza única de flora y fauna junto al río Guadalhorce. Supondrá un coste de 131 millones de euros de las arcas públicas andaluzas.
Las instalaciones requerirán, además, de la construcción adicional de una isla de 4,5 metros de altura sobre el nivel del suelo para evitar las constantes inundaciones que afectan a la zona.
Si bien el proyecto, inicialmente planteado desde el año 2004, tenía que haberse desarrollado a lo largo del pasado 2021 y comenzado su funcionamiento en 2022, en el momento de la visita del Partido Animalista la situación sigue en medio de una tensa batalla entre la administración andaluza y las 300 familias afectadas. Algunas de ellas ya han recibido las cartas en sus domicilios que indican la expropiación de sus terrenos, recibiendo por ellos una indemnización que, aseguran, no compensará la pérdida de su medio de vida.
Este asunto ya ha tomado tintes legales. Hace un año, el abogado de la asociación vecinal, Marcelino Abraira, declaraba al periódico La Opinión de Málaga que consideraba «inexplicable» que, para todas las cuestiones vitales que plantean los vecinos, «remitan a una autorización ambiental que aún no se ha hecho realidad».
Según comenta a dicho medio, «el Tribunal Supremo, en Jurisprudencia consolidada, establece que en zonas inundables no es posible la ubicación de una depuradora y la Vega de Mestanza lo es. Ninguna ley ambiental autonómica, como la que Andalucía tiene desde 2007, puede ser menos que la norma estatal, en este caso el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961″.
Esto no afecta solo a la vega de Mestanza en cuanto a medioambiente, olores, molestias, destrucción y ruido visual, sino que, al construir una isla artificial para evitar la inundación de la futura depuradora, el agua tomará dirección hacia otras áreas, como Campanillas, y podrá afectar gravemente a las infraestructuras colindantes.
Cristina García explica que «otras opciones, aunque mucho menos perjudiciales y más económicas, han sido descartadas sin mayor explicación». Es el caso de la ampliación de la depuradora actual, donde hay «sitio de sobra», afirma, o la construcción de la nueva depuradora junto a Mercamálaga, muy cerca de la actual; «es una zona baldía y dotada de infraestructuras donde no hay viviendas cerca ni riesgo de inundaciones». Estas opciones costarían en torno a 20 – 25 millones de euros, según los propios vecinos.
Los vecinos aseguran que el empecinamiento en construir esta depuradora en este emplazamiento, a pesar del coste económico y la cantidad de dificultades, podría deberse a «intereses políticos«, y señalan posibles beneficios relacionados con la futura «ciudad aeroportuaria«; un parque empresarial que también tiene previsto instalarse en Alhaurín de la Torre.
PACMA ha confirmado que apoyará a los vecinos de la vega en todo lo que esté en sus manos, y reconocen que la noticia de la construcción de esta «polémica depuradora» no se ha difundido con la magnitud necesaria en relación a la relevancia del asunto.
