(Eduardo Madroñal Pedraza) Había recortes, ahora habrá más. Había escudo social, ahora habrá menos. ¿Por qué no redistribuir la riqueza?
Más recortes
En 2020, debido a la pandemia, la Unión Europea (UE) no tuvo más remedio que aflojar el dogal que exigía apretarse el cinturón para reducir deuda y déficit. Se necesitaba una enorme inyección de dinero público para paliar las consecuencias más graves sobre la mayoría de la población, en especial, la más vulnerable. Esos tiempos, para la UE, ya se han acabado.
Ahora ya exigen un ajuste duro graznado por los halcones alemanes. Esto se traducirá en recortes y determinará la política de los gobiernos europeos, también del español. Porque volverán las “reglas fiscales” -nombre de las tijeras- para reducir la deuda y el déficit mediante recortes a las condiciones de vida de la gente.
Ningún país de la UE podrá tener una deuda superior al 90% del PIB, y el déficit deberá estar por debajo del 3%. Cuando se superen esos límites habrá que recortar -eso sí, siempre gastos sociales; no, ¡dios nos libre!, recaudando impuestos de la banca y los oligopolios- porque EEUU, a través del FMI, ha exigido “un ritmo más fuerte de consolidación fiscal”, es decir, más recortes. Y en la UE, en una Alemania, ya en recesión, los halcones graznan exigiendo recortes. Porque siempre que Berlín afronta pérdidas las descarga sobre el resto de la UE, imponiéndolas por su dominio de la UE.
La Comisión Europea exigía un ajuste fiscal del 0,5% del PIB anual cuando se superara el límite de deuda. Alemania reclamaba el 1%. Ese ritmo más duro es el que se ha aprobado. En España supone recortes anuales por valor de 14.000 millones de euros. Casi tres veces más que el dinero ahorrado en la factura de la luz gracias a la “excepción ibérica”.
A cambio de imponer la gama alta de ajuste en la reducción de la deuda, la UE ofrece “flexibilidad” en los recortes. Ampliando de tres a siete años el plazo para cuadrar las cuentas. Y ofreciendo que los planes de ajuste no sean impuestos unilateralmente por la Comisión Europea, sino negociados por ésta con cada país.
Menos escudo social
Lo que está claro es que las reglas han cambiado. Ya no habrá más gasto social. Bruselas exige a todos los países retirar las ayudas aprobadas para contener los efectos de la pandemia y la inflación. Los presupuestos que se aprueben en 2024 deberán limitar los gastos para disminuir la deuda. Y Bruselas ya ha anunciado que en primavera podrá abrir procedimientos por déficit excesivo, señalando a España.
La deuda española está en el 110%, y se prevé que se cierre 2023 con un déficit del 3,9%. Somos un candidato neto a aplicar esos recortes. ¿A cuánto ascenderá el “ajuste”?
El gobierno de coalición ha prorrogado muchas de las medidas anticrisis, destinadas a contener los efectos de la inflación y la subida de la energía. Pero las ayudas se irán recortando progresivamente. Y la perspectiva es que desaparezcan totalmente.
¿Cuáles medidas anticrisis seguirán en 2024?
En el precio de los alimentos se mantiene el IVA del 0% a los alimentos básicos y del 5% al aceite y la pasta. Esta medida no ha impedido que la cesta de la compra cueste a una familia 1.000 euros más al año. Las pensiones subirán un 3,8%, al mismo nivel que el IPC, pero por debajo de la subida de alimentos y vivienda. En el precio de la luz se prorroga la rebaja del IVA, pero elevándolo del 5% actual al 10%. Otros impuestos que habían sido eliminados, seguirán por debajo de los niveles anteriores a la crisis energética, pero se incrementarán hasta el 5% o el 7%.
Seguirá vigente el límite a la subida en las tarifas del gas y la ampliación del bono social, con rebajas de entre el 65% y el 80% para hogares con menos recursos. El 31 de diciembre dejará de estar vigente la “excepción ibérica”, que ha permitido ahorrar más de 5.000 millones. Se mantienen las ayudas, pero se reduce su cuantía. El precio de la luz está lejos de los máximos registrados, pero sigue muy por encima de lo que pagábamos en 2019.
En vivienda se mantienen las medidas para proteger a familias vulnerables, así como la prohibición de cortes de suministros a hogares con dificultades. Estas medidas no han paralizado los desahucios. En el transporte público seguirá vigente la gratuidad de los abonos de media distancia y cercanías y el descuento del 50% en las líneas interurbanas.
Los impuestos especiales a banca y energéticas se prorrogan por un año. El gobierno afirma que estudiará hacerlos permanentes. Pero el acuerdo con el PNV ha suavizado lo que pagarán las energéticas, al permitirles deducir las inversiones. Estos impuestos especiales no han evitado que bancos, eléctricas y petroleras acumularan, en los dos últimos años, récords de beneficios.
¿Por qué no redistribuir la riqueza?
Seamos conscientes de que el “escudo social” -aunque ha supuesto un alivio para muchos sectores, y que hemos apoyado en nuestros artículos- ha demostrado que no es la solución que necesitamos. Durante su vigencia se ha seguido recortando el salario real y el poder adquisitivo de la mayoría de la gente, mientras que los bancos, las eléctricas, las petroleras, los gigantes de la distribución y los fondos buitre de la vivienda han multiplicado sus ganancias.
Lo que necesitamos es redistribuir la riqueza; que aumente al 50% el impuesto de sociedades que pagan los bancos, los oligopolios y los fondos de inversión extranjeros -porque actualmente solo abonan el 4% de sus beneficios- para que ese dinero lo usemos en crear empleo, reindustrializar el país, subir las pensiones y mejorar la sanidad y la educación públicas.
¡Ese sí que sería un “escudo social” de verdad!
La persistencia de la inflación y tipos de interés altos -impuestos desde los grandes centros de poder exteriores, Washington y Bruselas, encabezada por Alemania, y la oligarquía española, y las demandas de las clases populares chocan. Nosotros, con los bolsillos cada vez más vacíos, y ellos, con sus cuentas de beneficios cada vez más llenas al ritmo de 3,3 millones de euros por hora. Recortes o redistribuir la riqueza es lo que nos jugamos en 2024.
