Hasta el 27 de enero las organizaciones y los ciudadanos potencialmente afectados por la norma podrán hacer sus aportaciones

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha abierto a consulta pública previa a su elaboración el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, trámite con el que se pretende recabar la opinión de las organizaciones más representativas y los ciudadanos potencialmente afectados por la futura norma. El plazo para que a ciudadanía realice sus aportaciones estará abierto hasta el próximo 27 de enero.

En concreto, este paso corresponde a una de las fases preparatorias para la aprobación de un texto que atienda a una nueva realidad marcada por los cambios normativos, la doctrina establecida por los tribunales de justicia y las novedades producidas en el ámbito del patrimonio histórico y en el sector cultural, tanto a nivel local como nacional e internacional. En este sentido, cabe recordar que han  transcurrido más de quince años desde la aprobación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía -actualmente ley vigente en materia de patrimonio histórico-.

La evolución en el ámbito internacional del concepto patrimonio histórico hacia uno más amplio requiere actualizar la definición del mismo en la norma, modificando, además de su título, su contenido, para dar cabida de forma más coherente a realidades patrimoniales que han adquirido mayor relevancia en los últimos años, como es el caso del patrimonio etnológico material e inmaterial. Esto supondrá igualmente la adaptación de su regulación a las novedades incorporadas por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por otro lado, la experiencia acumulada en la aplicación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, aconseja actualidad y modificar determinados aspectos de la misma. En este sentido, se van a delimitar de forma más claras las competencias autonómicas y municipales. La aprobación de nuevas normas sectoriales en el ámbito urbanístico o la modificación de la normativa ambiental plantean también la necesaria revisión de los instrumentos de coordinación entre dichos ámbitos y el patrimonial.

Así, la nueva norma tiene entre sus objetivos incorporar a la administración autonómica en la regulación de los procedimientos para la declaración de bienes como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como en el seguimiento de la gestión en los ya declarados. También, se pretende revisar el procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y regular los patrimonios etnológico, material e inmaterial, e industrial que serán objeto de una regulación más detallada acorde a su relevancia.

Asimismo, las novedades relacionadas con la simplificación administrativa, como la sustitución en determinados procedimientos de la autorización previa por declaraciones responsables, y la necesidad de dar una rápida respuesta a los problemas que se planteen en la tutela de los bienes culturales, requieren la revisión y actualización del marco regulador de la inspección que incluya la creación de un cuerpo específico de inspectores del patrimonio cultural, además de la consecuente adaptación del régimen sancionador.

A través de esta consulta pública, las organizaciones más representativas y los ciudadanos considerados potencialmente afectados por la futura norma podrán hacer llegar sus opiniones y comentarios a través de la cuenta de correo electrónico alpca.ctcd@juntadeandalucia.es hasta el 27 de enero de 2024.

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