Las organizaciones sociales de la Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua (ICCTA), en la que está presente el Sindicato CCOO, han registrado este martes ante el Ayuntamiento de Málaga un escrito de alegaciones tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación inicial para la modificación de las cuatro normas municipales que regulan el suministro de agua.
Las asociaciones de vecinos, consumidores, sindicatos y ecologistas consideran que el proceso de actualización de tarifas ha carecido de consenso social alguno; aprobadas inicialmente con todos los grupos de la oposición en contra, el equipo de gobierno no ha estado a la altura de lo que la sociedad malagueña organizada ha demandado.
No han sido atendidas las repetidas peticiones para la creación de un espacio participativo que abordarse con rigor estas normas, reguladoras de la prestación municipal de un suministro básico que afecta a toda la ciudadanía, no sólo en el aspecto económico sino también en su calidad de vida, su salud y el medio ambiente.
Aseguran haber actuado en todo momento de manera responsable, llamando a la participación bajo las premisas de la sostenibilidad económica de la empresa EMASA, pero también reclamando transparencia y justicia social.
Lamentan que, junto a la inacción del alcalde, la responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental considerase suficiente celebrar una serie de reuniones en los distritos, fuera de toda formalidad y rigor, sin facilitar ninguna información por escrito, veraz ni comprobable. Esta decisión, lejos de promover y facilitar la participación ciudadana, la obstaculiza, a través de un ejercicio de falsa transparencia.
Así mismo, los procedimientos de consulta y audiencia puestos en marcha en absoluto han satisfecho la demanda social, siendo una falta de consideración a las organizaciones de la sociedad malagueña, devaluando lo que éstas podrían aportar a un verdadero proceso de gobernanza participada: el consenso social, un elemento actualmente crucial en la gestión del agua. Como eje central cuestionan la injustificada subida de precios, que supera el 140% en el caso del saneamiento, y supondrá en la práctica un aumento superior al 60% en las facturas de familias con niveles responsables de consumo. Exigen precios justos, que permitan la recuperación de costes, fomenten el consumo responsable y garanticen el acceso universal al mínimo vital de 100 litros diarios por persona.
Además hay cuestiones que quedan de nuevo sin resolver, como es el caso de las comunidades con contador comunitario, afectando a decenas de miles de viviendas, carentes de contratación y facturación individual. Estos hogares se encuentran en una situación anómala, que les impide conocer, analizar o modificar sus hábitos de consumo.
Así mismo, las organizaciones sociales malagueñas muestran gran preocupación por el planeamiento de obras e infraestructuras del agua, que debe perseguir la gestión más eficiente y sostenible de tan valioso patrimonio público, siendo prioritario atender las necesidades urgentes de los barrios, reparando las pérdidas y filtraciones existentes en las redes de abastecimiento y saneamiento.
Por todo ello, se solicita la paralización del procedimiento de actualización normativa reguladora del suministro de agua en Málaga y la inmediata convocatoria de la Mesa del Agua, para abordar todas estas cuestiones y lograr una gestión del agua en Málaga consensuada, sostenible y con criterios de justicia social.
