La Junta defiende la importancia de fomentar la energía renovable, pero acusa al Gobierno de generar desequilibrios y perjuicios con las infraestructuras energéticas
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha señalado al Gobierno central como responsable de concentrar en la provincia de Málaga los proyectos de parques solares, “al no atender la demanda de infraestructuras energéticas esenciales en provincias aledañas, generando así un desequilibrio territorial y frenando el desarrollo industrial de la comunidad”.
Según un reciente informe de la Consejería de Hacienda, el Ejecutivo de la Nación limita el desarrollo de las renovables en la comunidad andaluza, ya que las infraestructuras energéticas clave para Andalucía quedan excluidas de la planificación del Gobierno central.
Al limitar y rechazar líneas de transportes en parte del territorio andaluz, provoca que los territorios donde más líneas había ya, como es la provincia de Málaga, sean foco de atracción para la mayoría de los proyectos de fotovoltaicas que llegan a la comunidad, “generando con ello una respuesta social de rechazo en muchos municipios por culpa de la falta de información y de planificación del Gobierno de España”.
La delegada ha defendido la implantación y desarrollo de las renovables, “pero hay que evitar la concentración; y el hecho de no tener líneas de transporte importantes en otros territorios como Jaén o Córdoba, porque así lo ha decidido el Estado, conlleva que los proyectos busquen en aquellas zonas donde hay más o mejor red, como nuestra provincia”.
Navarro ha subrayado que el Gobierno “tampoco es que haya aprobado grandes iniciativas nuevas en Málaga, ya que, en realidad, las actuaciones que contempla el Plan son prácticamente todas heredadas de la anterior planificación; lo que se hace es reforzar las líneas ya existentes, repotenciarlas, que me parece bien, para garantizar el abastecimiento del suministro energético en la costa y en la que es la segunda provincia más poblada de Andalucía”
De esta forma, el desarrollo de los proyectos de energías renovables en Andalucía se verá condicionado y limitado por el plan de inversiones en infraestructuras de la red de transporte del sistema eléctrico hasta 2026 aprobado por el Gobierno central, ya que esta planificación energética vinculante ha dejado fuera inversiones que la Junta de Andalucía considera estratégicas para desarrollar el potencial de energías limpias en la comunidad, así como para el crecimiento industrial y socioeconómico de la región.
El 60% del volumen de inversión previsto en el Plan de inversiones que ejecutará Red Eléctrica de España (REE) corresponde a actuaciones heredadas de la anterior planificación (2015-2020) que no se han ejecutado y que se incluyen como nuevas actuaciones.
“No se han atendido las alegaciones de Andalucía, y allí donde no llegue la red de transporte energético es está limitando el desarrollo industrial, mientras que en las zonas con más líneas y potencia se puede dar una situación insostenible”, ha dicho la delegada.
Según el informe de la Agencia Andaluza de la Energía, la realidad de la distribución del recurso renovable en Andalucía y las limitaciones que surgirán por la insostenibilidad de la concentración territorial de proyectos a que conduce la actual estructura de red de transporte, incluida la planificada, hace que sea fundamental que la región pueda contar con las infraestructuras necesarias para que esa previsión de potencia instalada se traduzca en generación efectiva de energía eléctrica renovable, distribuida en el territorio conforme al recurso, dando también cobertura a nuevos proyectos que quieran llevarse a cabo en la región.
Menor inversión
La planificación energética vinculante aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, con un año y medio de retraso, recoge actuaciones por valor de 515 millones de euros en Andalucía, muy por debajo de los 782 millones que pertenecerían a la comunidad si se hubiese tenido en cuenta el peso poblacional, la superficie o el consumo eléctrico.
De esos 515 millones, 309 responden a actuaciones ya contempladas en la anterior planificación pero que no se han realizado en plazo, y solo 206 millones se corresponden con nuevas infraestructuras.
En este sentido, el informe recoge que apenas el 40% de la inversión se destina a nuevas actuaciones no incluidas en la planificación anterior y que solo 96 millones de euros, es decir, el 18% del total aprobado para Andalucía, coincide con actuaciones solicitadas por Andalucía en la propuesta inicial y posteriores alegaciones presentadas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que denota, que “no se han tenido en cuenta las particularidades ni las necesidades específicas de la región”.
Del mismo modo, el documento subraya el “importante retraso global” en la ejecución del anterior plan de inversiones, ya que el grado de ejecución de los compromisos presupuestarios contemplados en la planificación energética vinculante 2015-2020 solo ha alcanzado el 28,3% del total.
Situación de partida en desventaja
El informe de la Agencia Andaluza de la Energía pone de relieve, además, que Andalucía parte de una situación de desventaja respecto a otras comunidades autónomas, ya que la densidad de la red de transporte por habitante es un 42% inferior a los valores medios peninsulares, de modo que la región cuenta con 712 kilómetros de red por cada millón de habitantes frente a los 1.231 kilómetros de media en la Península.
Asimismo, desde el Ejecutivo central no se han tenido en cuenta las zonas señaladas por Andalucía incluidas en el reto demográfico y que disponen de un elevado recurso renovable y de una baja densidad de red de transporte, lo que hace inviable el desarrollo de proyectos.
En este sentido, las provincias de Jaén y Córdoba son las que menos inversión van a recibir, ya que el Ministerio no ha incluido las conexiones con Castilla-La Mancha y Extremadura que había solicitado la Junta de Andalucía.
En el caso de Málaga y Cádiz, las actuaciones que contempla son prácticamente todas heredadas de la anterior planificación, mientras que Granada y Almería son las provincias con mayor inversión prevista por la culminación del eje 400 kilovoltios (kV) Caparacena-Baza-La Ribina que, no obstante, ya estaba recogida en la anterior planificación y que llega con retraso.
La propuesta realizada por la Junta de Andalucía en mayo de 2019, que contaba con el consenso de los agentes implicados para dar cobertura a las necesidades de la región, proponía actuaciones por importe de 736 millones, pero la planificación aprobada por el Consejo de Ministros solo contempla un 13% de las actuaciones planteadas en esa propuesta.
El Gobierno andaluz insiste en la necesidad de que la comunidad andaluza cuente con las infraestructuras necesarias para aprovechar el abundante recurso renovable del que dispone para descarbonizar el sistema energético. En este sentido, el Ejecutivo central ha estimado como escenario de generación renovable probable 5.892 nuevos megavatios (MW) en Andalucía para 2026, cuando las previsiones de la Junta son muy superiores, de 26.000 MW en el horizonte de 2030.
Pero para ello resulta fundamental que el Ejecutivo central “revise e incremente el volumen de inversión asignado a Andalucía”, que debe ir encaminado tanto a cubrir las actuales insuficiencias para la evacuación del potencial de generación renovable previsto para 2030, como a solucionar las dificultades estructurales de la red de transporte.
Según el informe publicado por REE a finales de 2021 sobre la capacidad del sistema eléctrico, la red de transporte andaluza contaba con 36 nudos saturados, esto es, sin capacidad para conectar nueva potencia, sobre un total de 90 en Andalucía, lo que significa que el 40% no puede atender la demanda de capacidad de evacuación de nuevos proyectos renovables.
Desde la Junta de Andalucía no se entiende que, pese a que desde el Gobierno central y desde el Ministerio competente se determine como prioridad para este nuevo periodo la importancia para evacuar la electricidad generada por nuevos proyectos renovables para avanzar en la transición del sistema energético, a Andalucía, siendo la comunidad con mayor potencial de estos recursos, se le prive de las infraestructuras básicas para contribuir a la consecución de estos objetivos.
