(IGC) Los mandos de la Guardia Civil toman iniciativas correctivas “amparados” en que no van a sufrir repercusión alguna en caso de equivocarse o de malas decisiones.
IGC LAMENTA QUE UNA VEZ MÁS TENGAN QUE SER LOS TRIBUNALES LOS QUE REPAREN TROPELIAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR MANDOS DE LA GUARDIA CIVIL ANTE INICIATIVAS Y DECISIONES EQUIVOCADAS, DANDO AQUELLOS NUEVAMENTE LA RAZÓN A UNO DE SUS ASOCIADOS
Como lamentablemente, ya viene sucediendo y de manera habitual, una vez más la Guardia Civil es condenada por un tribunal que no procede una imposición de sanción e incluso que ha habido mala praxis en su desarrollo y además sin repercusión alguna para los mandos que iniciaron y corroboraron tal expediente.
El Comandante del Puesto Principal de Artá (Baleares), en 2022, sancionó al guardia civil, asociado de IGC y actual representante de los trabajadores en Baleares por esta asociación profesional, por según el criterio particular del mando, haber cometido éste Agente una falta leve contenida en el Reglamento disciplinario de la Guardia Civil, falta para la que nuestro abogado D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ LORENZO y nuestros servicios jurídicos llevan insistiendo en primera instancia de su total improcedencia y carencia de la aplicación del tal corrección, la cual queda demostrada y recogida en la sentencia absolutoria del Tribunal Militar Territorial Tercero (Barcelona) en su Sentencia de 2023, que declara la nulidad de todas las resoluciones, dejando sin efecto dicha falta leve apreciada, así como la sanción impuesta y señalando que su anotación deberá desaparecer de la documentación del Guardia Civil interesado, sobrevenido por una mala praxis por parte de dicho mando, que tras iniciar un expediente sancionador nuevamente quedan anulados por sentencia judicial, sin que por parte de la Administración se tomen medidas y haya consecuencias para él.
Parte de la sentencia afirma que “No resulta por tanto constatable que el sancionado obrare de forma intencional enervando el conducto reglamentario cuando ni el mando sancionador ni quienes resultaban ser los superiores directos del sancionado parecían tener muy claro cuál era la forma en que habían de cursarse las instancias presentadas”.
En este caso se trata de la sanción más baja que contempla el régimen disciplinario de la Guardia Civil, pero ocurriría igualmente si un mando se empeña en acusar a un subordinado de un delito militar, que conllevaría incluso hasta pena de cárcel. Igualmente, de demostrarse haber incurrido en una mala praxis, saldrían impunes de cualquier error en sus motivaciones, decisiones o desarrollo.
Con este ejemplo queda claro y patente que IGC siempre lucha junto con sus servicios jurídicos y abogados para que ningún Guardia Civil se quede atrás, acompañándolo en todo momento durante el proceso, al objeto de conseguir salir victoriosos ante cualquier injusticia o abuso de poder.
En Independientes de la Guardia Civil (IGC) abogan que cuando se acometan hechos de este tipo, en los que los mandos tomen decisiones disciplinarias y posteriormente se demuestre fehacientemente que o bien ha habido mala praxis o simplemente no ha habido suficientes y clarificadores elementos objetivos para iniciar y formalizar tal expediente sancionador, la Administración tome medidas contra ellos, porque continuando con la impunidad como hasta ahora, cualquier mando puede acometer expedientes de este tipo, complicando con ello la vida socio-laboral de los agentes bajo su mando, e incluso ocasionar episodios que desemboquen en graves problemas para la salud y sin importarles los más mínimo si su decisión está completamente fundamentada o se ajusta escrupulosamente a Derecho.
IGC seguirá luchando por los derechos de sus asociados sin descanso y siempre buscando la verdad y la justicia.
En Sede Central, a 29 de noviembre de 2023
