(Eduardo Madroñal Pedraza) Cerca de uno de cada 10 españoles está en lista de espera para consultar al especialista, es decir, 3.800.000 millones. Para una cirugía, en junio de 2023 -últimos datos del Ministerio de Sanidad- 819.964 pacientes estaban en lista de espera. En 2018 ya eran 584.018. La demora media en España para una operación es de 113 días. En 2018 ya eran 93 días. Son personas con todo tipo de patologías que aguardan -después de estar en una previa lista de espera para que un especialista valore la necesidad de la intervención- y que acumulan tiempo en ser atendidos. Las listas de espera indica que algo funciona mal en el sistema sanitario.
La espera como primera atención
Detrás de las casi 820.000 pacientes en lista de espera para someterse a una operación están los 3.800.000 millones de personas esperando la consulta con el especialista -casi el 10% de la población española, es decir, casi uno de cada diez habitantes. Porque hay una lista de espera quirúrgica -que incluye a los pacientes en situación de ser intervenidos- y hay otra lista de espera de pacientes pendientes de una primera consulta en Atención Especializada.
La especialidad que acumula una mayor bolsa de pacientes en espera para una intervención es traumatología, con casi 200.000 personas a la cola y 133 días de media. Es donde más hay que esperar, tras neurocirugía (192 días) y cirugía plástica (225). En su último informe anual, de 2022, el Defensor del Pueblo hacía notar un incremento “notable” de las quejas recibidas por los retrasos para ser atendido “en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas”.
La sanidad pública, cuestión de vida y país
La sanidad pública española es no sólo una cuestión de vida saludable es también una cuestión de Estado, una cuestión de España como país. Sin embargo, en 2024 enfrentamos los mismos problemas que en 2023.
Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El problema se extiende a toda la sanidad pública española -no es cuestión de una comunidad ni de un gobierno concreto-, es la falta de recursos en general que se dedican a la sanidad en todas las comunidades -desde 2010-, y a la falta de planificación en ellas desde hace tiempo, algo que deciden tanto el gobierno central como los autonómicos.
La tercera espera, la primigenia
La espera en Atención Primaria se ha duplicado. Si hace cinco años el 29,4% era atendido por su médico de familia en los dos primeros días -el 56% en los tres primeros- ahora sólo el 26,4% es recibido por su médico en los tres primeros días. Y en extremo negativo, si hace cinco años sólo un 6% de los pacientes tardaba 11 días o más en acceder a una consulta, hoy son el 23,6%.
La gravedad de la situación se repite en todas las comunidades, y todas ellas están lejos del compromiso adquirido con el Ministerio de Sanidad en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado en abril de 2019, de “garantizar que la demanda de atención no urgente se atienda en menos de 48 horas” en Atención Primaria.
Médicos trabajando a peonadas
Para no aumentar el personal sanitario en Atención Primaria, las comunidades están privatizando las consultas o están utilizando los turnos extra o voluntarios -llamados peonadas-; la derivación a la privada hace que sus listas de espera también suban, y las peonadas públicas, al ser horas extra y voluntarias, no permiten una planificación adecuada de la atención sanitaria.
Si cae la Atención Primaria, cae el resto del sistema
La gravedad se agudiza en Atención Primaria porque es la adecuada entrada a la atención sanitaria. Cuando ésta no resuelve las situaciones que demandan los pacientes es cuando se va sobrecargando el segundo nivel, que son las Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias. Si no está bien dotada la Atención Primaria, se sobrecarga el resto del sistema. Por eso, si cae la Atención Primaria, cae el resto del sistema.
En Atención Primaria los pacientes llevan sufriendo largas esperas para una cita y los profesionales denuncian una sobrecarga asistencial que dificulta, cuando no impide, proporcionar una atención óptima. Y, como reacción en cadena, repercute en otros servicios: desde las urgencias que reciben el impacto de primaria hasta las especialidades a las que llegan pacientes que podrían haberlo hecho antes. Y el descuido clave de la educación para la salud, que da herramientas a los ciudadanos para prevenir.
La lucha unida exige y obliga
Los vientos populares se fortalecen en la lucha por una sanidad pública potente. Las principales movilizaciones en contra del grave deterioro de la sanidad pública se han desarrollado, durante el año 2023, no sólo en Madrid, sino que se han extendido al resto de España -desde Cantabria hasta Andalucía pasando por Asturias, Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Valencia- porque el problema es nacional.
Obviamente la población española -según todas las encuestas recientes- está preocupada, después de las pensiones, por la sanidad pública. Los profesionales llevan lustros advirtiendo de las carencias previas de un sistema desbordado por la pandemia. Listas de espera, agendas saturadas, trabajadores quemados y un trasvase hacia la privada son el trasfondo del dato en la encuesta del CIS, donde el 22,9% afirma que la crisis de la sanidad pública le afecta personalmente, es decir, 11 millones de individuos.
Por eso no cesan las movilizaciones ciudadanas y profesionales, sino que se extienden por la geografía española, con reivindicaciones que vienen de años anteriores, que denuncian recortes estructurales -desde la Atención Primaria hasta la hospitalaria- por falta de recursos humanos, de la calidad asistencial y de las condiciones en las que trabaja el personal sanitario, todo ello en comunidades autónomas con gobiernos de muy distinto color.
Cada vez son más los ciudadanos que consideran necesario un pacto de Estado por la sanidad pública, universal y gratuita -que dé estabilidad al sistema y obligue a todas las administraciones, gobierne quien gobierne, a dotar de los recursos suficientes primeramente a la atención primaria -que lleva años agonizando- para reconstruir el Sistema Nacional de Salud -hoy día en crisis- como uno de los pilares fundamentales para garantizar la justicia social en España.
