La delegada del Gobierno desgrana algunas de las 500 medidas del Plan Andalucía Simplifica, destinado a poner fin al exceso de burocracia en la Junta de Andalucía
La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha avanzado hoy que el nuevo decreto de simplificación administrativa supondrá la reducción de plazos de forma significativa en la tramitación de 560 expedientes medioambientales de la provincia de Málaga.
Este cuarto decreto de simplificación supone un auténtico revulsivo para el desarrollo de los municipios, así como en la prestación de servicios públicos a las personas más vulnerables, ya que se acortan los tiempos de respuesta de la administración y se agilizan todos los trámites.
Navarro, acompañada por el resto de delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga, ha detallado este miércoles los pormenores del que es el cuarto decreto de simplificación administrativa, que modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones de la Administración.
Este decreto es uno de los tres pilares del Plan Andalucía Simplifica, que engloba 500 medidas “para mejorar las relaciones de los ciudadanos con la Administración e impulsar la actividad económica en Andalucía, ya que queremos ser la comunidad con menos burocracia de España y convertir nuestra tierra en el lugar de España más atractivo para la actividad económica”.
Este cuarto decreto recoge “más de 450 acciones de simplificación administrativa para acabar con la complejidad normativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la tramitación lenta”
Las declaraciones responsables y el silencio administrativo positivo se convierten en elementos fundamentales de este decreto “para convertir a Andalucía en la comunidad donde más sencillo va a ser invertir”, según Navarro, quien ha recordado las “seis bajadas de impuestos sucesivas que llevamos y que han transformado el infierno fiscal que había en Andalucía en una autovía para la inversión”.
Beneficios por materias del decreto de simplificación
En materia medioambiental, miles de solicitudes de autorización ambiental se van a tramitar en la mitad de tiempo. El 40% de las autorizaciones ambientales unificadas van a resolverse de forma simplificada “y esto es riqueza y creación de empleo con la máxima exigencia de protección y conservación del medio ambiente”.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la actualización de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Se pone en marcha la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) para un total de 58 actividades que ahora sólo necesitarán un pronunciamiento y a la que se acogerán, al menos, el 40% de los expedientes ambientales que conllevan autorización lo que, a la postre, “se traduce en evitar los temidos cuellos de botella que retrasan y entorpecen”.
Se ‘adelgaza’ la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y se mejora la actual Autorización Ambiental Integrada (AAI); se habilita el inicio de actividad con la presentación de una Declaración Responsable del Promotor, que sustituirá a la certificación acreditativa del director de la obra. Con estas acciones, en Málaga un total de 560 expedientes podrán ver reducidos sus plazos.
En materia de energía, las instalaciones ubicadas en suelo urbano que usen una potencia energética de 500 kilovatios quedarán sujetas a una declaración responsable, sin necesidad de autorización administrativa. Y se eliminan las obligaciones de comunicaciones en papel.
La delegada del Gobierno ha subrayado el gran impacto que tendrá este decreto en obras menores residenciales, “a veces tan simples y necesarias como cambiar una bañera por un plato de ducha”, o la instalación de negocios en municipios o zonas Interés Cultural (BIC), ya que cualquier familia o empresa necesitaba hasta ahora el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, “pero ya no”.
Esta medida afecta a unos 1.800 expedientes al año en toda Andalucía, que son el 70% de los expedientes que tramitan actualmente las comisiones provinciales de patrimonio y que suponen una inversión de unos 500 M€ al año.
En Málaga “vamos a poder reducir el número de expedientes de prórroga y repetición de autorizaciones en un 90%” y se agilizarán las notificaciones de autorizaciones de la Comisión de Patrimonio.
Navarro ha señalado como este decreto de simplificación “también vela por las personas más vulnerables”, ya que en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. “Se recorta el plazo en un año”, ha dicho.
Se unificarán procedimientos y la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. Además, las personas con discapacidad que no tienen una red familiar o jurídica de ayuda, contarán con apoyo jurídico.
En Málaga, desde 2019 se ha redudido en 1.484 personas (9%) la lista de espera de la Dependencia en la provincia (pendientes de grado y pendientes de PIA). El nuevo decreto beneficiará a más de 14.700 expedientes (personas en lista de espera) y a las futuras solicitudes.
En el caso de la Renta Mínima de Inserción Social, se mejora su tramitación reduciendo el número de documentos necesarios de solicitud.
De cara a la prestación de servicios sociales, el régimen de autorización será menos restrictivo y garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores, a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo.
Para el reconocimiento de la condición de familia numerosa se unifican los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo (evitamos duplicar información y procedimientos).
Transformación digital de la Junta de Andalucía
El decreto recoge un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta de Andalucía, donde se va a extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía y se avanza en la automatización de procedimientos.
Se eliminan trámites en las licitaciones autonómicas para que sean lo más ágiles y eficaces posible, manteniendo todas las garantías. Se espera reducir hasta en dos meses el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación.
Se agilizarán aún más las obras promovidas en los decretos de sequía para dotar a la región de depuradoras de aguas residuales con terciario. Estas acciones reducirán plazos de ocho a cinco meses.
Las instalaciones de desalación y las instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas de cara a favorecer el sector agropecuario y la agroindustria verán reducidos los plazos de tramitación de seis a cinco meses.
Se simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC.
Los criterios serán homogéneos en toda la Administración y se dispondrá de un manual de automatización de procedimientos para actuar con los ciudadanos, al tiempo que se prevé una reforma de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en todas las provincias para unificar servicios y optimizar recursos, “así como con el incremento tan necesario de las plantillas en las delegaciones territoriales”, según Navarro.
El decreto de simplificación administrativa aprobado este martes en Consejo de Gobierno entrará en vigor tras su publicación en BOJA en los próximos días y las medidas se irán aplicando de forma inmediata o gradural, en función de los procedimientos necesarios en cada consejería.
