Este órgano, en el que participan administraciones y agentes implicados, analiza las medidas de prevención y atención
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha acogido este lunes una sesión plenaria del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, donde se han puesto en funcionamiento los grupos de trabajo ‘Discapacidad y violencia de género’ y ‘Ciberviolencia de género’. Se trata de uno de los objetivos que se marcó en su última sesión del pasado mes de diciembre este órgano, el cual toma impulso en esta legislatura.
El pleno, presidido por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepión Cardesa, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, se ha celebrado de manera virtual y en el mismo se han aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior y la composición y funciones de ambos grupos de trabajo.
En el Observatorio están representadas las distintas consejerías y órganos del Gobierno andaluz y otras administraciones públicas, así como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía y los Colegios Profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos, entre otros agentes sociales, económicos y entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Asociación AMUVI, Páginas Violetas, y la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Rurales (Coamur).
En este punto, la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, ha subrayado la preocupación del Gobierno andaluz por la ciberviolencia. Al ser la violencia de género un fenómeno cambiante, se hace necesario un análisis somero de la realidad para poder actuar en consecuencia y de ahí la puesta en marcha de este grupo de trabajo sobre ciberviolencia para combatir la que se ejerce en el ámbito digital a través de las nuevas tecnologías. Este grupo estará coordinado por la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María del Mar Esparza.
Entre las funciones de este grupo de trabajo se ha acordado: estudiar las formas de ciberviolencia contra mujeres y niñas; analizar las experiencias y modelos de intervención psicológica que se están realizando con las víctimas de esta violencia; así como proponer medidas para visibilizar y prevenir la violencia en redes, que incluya un plan de acción a nivel autonómico.
Asimismo, con el fin de ahondar en la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, se ha puesto en marcha el segundo grupo de trabajo, el cual coordinará la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Granada, Teresa Illescas. Se trata de un tema de primera magnitud ya que hay estudios que advierten que las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo que el resto de mujeres de sufrir violencia. En concreto, este grupo de trabajo se ha marcado como objetivos: examinar la situación de las mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género de cara a su atención y recuperación, y la realización de una propuesta para un protocolo específico para este colectivo.
«La violencia de género es un problema de toda la sociedad, que afecta a las mujeres, pero que incumbe a todos y el observatorio es una representación de toda esa sociedad. Por ello, hay que trabajar de manera decidida para prevenir y combatir esta lacra», ha remarcado Cardesa, que ha señalado que está previsto que en diciembre se reúna de nuevo el pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género para abordar las conclusiones de ambos grupos de trabajo.
En 2023 se elevaron a 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía y ya una mujer ha sido asesinada en lo que va de 2024. Por tanto, Cardesa ha dejado claro que se trata de «una cuestión de Estado» que requiere «la unidad» de todos y todas. La violencia contra las mujeres es la expresión más cruel de la vulneración de los derechos fundamentales como la dignidad, la integridad o la igualdad. Los datos estadísticos en esta materia reflejan la permanencia de esta injusticia en la sociedad, por lo que desde el Gobierno andaluz se va a seguir trabajando contra esta terrible lacra, abordándola de manera trasversal e implicando a diferentes consejerías del Gobierno.
Este órgano, que tiene como cometido asesorar e investigar sobre la realidad de esta lacra social en Andalucía, es un instrumento más para la prevención y erradicación de la violencia de género y se suma a las actuaciones realizadas por el Gobierno andaluz en esta materia como la reactivación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, donde se dan cita los servicios especializados de cada provincia, así como personas responsables de las áreas social, sanitaria, policial, judicial y las fuerzas de seguridad. Fruto de estos encuentros provinciales, se elaboró la herramienta ‘Lenore’, que permite, en los centros del Instituto Andaluz de la Mujer, realizar una valoración del riesgo que tiene una mujer de sufrir una agresión, el Protocolo de coordinación entre el Instituto Andaluz de la Mujer y los servicios de atención a la violencia de género de la administración de Justicia (SAVA), y el programa de formación dirigido a los abogados y abogadas del turno de oficio especializados en violencia de género, además del Catálogo de recursos de la Junta de Andalucía.
Funciones y competencias
La Junta de Andalucía despliega y ofrece medidas preventivas, asistenciales y económicas existentes para paliar la violencia de género. Si bien, considera además de interés la labor del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, el cual persigue la mejora de las políticas públicas orientadas a paliar la violencia contra las mujeres.
Entre las funciones del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, se encuentran la recogida, análisis y difusión de información relativa a la violencia de género, establecer mecanismos de observación y análisis de la evolución de la violencia de género, formular recomendaciones, así como elaborar informes, estudios de investigación específicos y estadísticas con el fin de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre esta problemática. Asimismo, entre sus competencias está asesorar en esta materia a la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y favorecer el intercambio y comunicación sobre violencia de género, entre organismos públicos y la sociedad andaluza en general. A esto se añade la evaluación real y efectiva para mejorar las políticas preventivas y de atención a las víctimas.
