El letrado de IGC consigue una sentencia condenatoria por la agresión a un Guardia Civil durante la identificación en un pub de la Comarca aragonesa del medio cinca.
El Juzgado de lo Penal de Huesca Nº1 ha celebrado vista de juicio oral con sentencia condenatoria al reconocer los acusados los hechos ante el arsenal probatorio y la contundencia de la acusación particular ejercida por Jorge Piedrafita letrado de Independientes de la Guardia Civil (IGC).
El Magistrado Ángel de Pedro ha emitido sentencia por la que condena a ambos acusados por delito contra agente de la autoridad y lesiones hacia el agente de la benemérita con la pena de 15 meses de prisión, 6 meses de multa, indemnización por más de 5200 euros y al pago de las costas procesales. Resolución firme y ante la que no cabe recurso.
El suceso acaecido en Monzón durante el puente de la Constitución de 2019 requirió de la presencia policial en el Pub Límite ante la petición de auxilio de la propietaria por el comportamiento de los condenados que se negaban abandonar el local y guardar las formas dentro del mismo. La patrulla de la Guardia Civil intentó tranquilizar la situación e identificar a los investigados, ante lo que lo que los sujetos reaccionaron agresivamente golpeando a los agentes, resultando uno de ellos lesionado con una dislocación del hombro y verse obligado a reducirlos con pericia mediante el empleo de defensa policial, para garantizar su integridad y la del resto de personas presentes en el local que habían sido amenazados de muerte.
Estos graves hechos pueden implicar el ingreso en prisión de uno de los acusados que ya contaba con antecedentes previos por agresión policial.
Desde IGC muestran satisfacción con la elevada condena firme lograda por su contundente acusación, dentro de la línea de trabajo que se desarrolla por la asociación para evitar la impunidad y que salgan muy baratas las agresiones policiales, salvaguardando siempre de forma integral los derechos con el resarcimiento a los servidores públicos que garantizan la seguridad de la ciudadanía.
Desde IGC reivindican una vez más la imperiosa necesidad de que los Guardias Civiles y policías nacionales sean reconocidos como “profesión de riesgo”, tal y como ya se les reconoce a otros cuerpos policiales del territorio nacional.
