(Recortes Cero) El partido político Recortes lleva su campaña a distintas ciudades donde pide «detener el atraco de la inflación y la deuda» y explica las propuestas que tiene para tal fin.
La organización también ha difundido un comunicado de su candidata a la presidencia, Nuria Suárez, en el que afirma que el partido cuenta con propuestas que hace diez años le convirtió «en un emblema de mejora social», como la auditoría de la deuda y la devolución del rescate bancario.
«En Recortes Cero no vamos a renunciar a ellas, porque la realidad es que son ahora más necesarias que nunca». Así, defiende la devolución del rescate bancario para crear un fondo de 100.000 millones que sea la base para la reindustrialización y la creación de un millón y medio de puestos de trabajo.
Además, considera que un punto irrenunciable es una auditoría ciudadana de la deuda y la renegociación del pago.
Nuria Suárez ha afirmado que el principal problema «no es la ultraderecha, pese a que PP y Vox no dejen de dar razones para ello», sino que «bancos y monopolios han incrementado sus beneficios especialmente en los últimos años», mientras que los salarios se han reducido. «No llegamos a fin de mes y las pymes se endeudan», ha apostillado.
Nuria Suárez ha insistido en que «lo que va como una moto no es la economía española, sino las cuentas de beneficios de bancos, monopolios y energéticas».
Además, Recortes Cero ha continuado con la difusión hoy de las medidas contra la inflación y la crisis: tope a los precios de 1.000 productos básicos concentrado en el tramo de beneficios de los monopolios de la distribución y la alimentación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que compense la subida de los tipos de interés que encarece los préstamos, y el cambio en el sistema de fijación de precios de la energía.
También propone el fin de la práctica de compra de los productos por debajo de su coste de producción, una tasa cero sobre la subida de las hipotecas desde mayo de 2022 que se transforme en una ayuda a las familias y una reforma fiscal para que bancos y monopolios paguen un 50% del impuesto de sociedades para rebajar a la mitad lo que pagan las pymes, con un 75% del IRPF para que los grandes tenedores de viviendas «paguen lo que es justo» de acuerdo a los beneficios, y pueda dotarse un fondo para la creación de un parque público de viviendas.
